Casi 20 meses de pandemia han provocado, más allá de las consecuencias sanitarias, un problema social en España al que Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) han puesto hoy cifras en un avance de su Análisis y Perspectivas 2021 bajo el título “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”.

El informe pone sobre la mesa las lagunas que para la organización tiene el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado por el Gobierno para responder a la grave crisis provocada por el Covid. Uno de los más importantes es que el 49% de las familias en pobreza severa que lo han solicitado han recibido una respuesta negativa, principalmente por no ajustarse al umbral de ingresos, según ha explicado Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas: "Se utiliza el último año para determinar el umbral y realmente creemos que no se recoge la situación real de la familia en ese momento, habría que tener en cuenta el año en curso".

No sólo los ingresos, también las propias barreras a la solicitud han hecho que la mayoría de estos hogares no hayan llegado siquiera a solicitarlo. Los datos de Foessa aseguran que solo uno de cada cuatro de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite y, en general, solo un 18,6% de los solicitantes en pobreza severa ha conseguido que se le conceda.

También ha destacado el problema Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, quién ha destacado el grave aumento del espacio de la exclusión social. En 2021 son 11 millones los españoles en exclusión social, lo que supone 2,5 millones más que en 2018. La exclusión social severa afecta a seis millones, dos millones más que en 2018.

En el lado contrario, los hogares que Cáritas denomina de integración plena, que no cubren ningún rasgo de exclusión, son el 41,2% este año, una caída importante respecto al 49,3% de 2018.

La exclusión se traduce, según Cáritas, en "aislamiento social, privación del consumo, a correr riesgos laborales –en caso de tener algún tipo de empleo, a tener una salud más frágil, a vivir con miedo".

Los perfiles más afectados en esta caída en la exclusión son las familias con niños o adolescentes, especialmente si son numerosas y hogares monoparentales donde la sustentadora principal es una mujer. La exclusión en hogares con hijos es del 27% y cuando no los hay, del 18%. Casi la mitad de las familias numerosas u hogares monoparentales está en riesgo de exclusión social, según los datos de Cáritas.

La migración también es un factor de riesgo para la pobreza. Son el 38% de los excluidos y el 65% de la pobreza severa.

Tener todos los miembros de la familia en paro es un problema que la pandemia ha agravado enormemente, pues casi se han duplicado desde el 5,9% al 10,3% entre 2018 y 2021. La inestabilidad también ha aumentado así como el número de familias que quedan en pobreza una vez cubiertos los gastos de la vivienda (agua, luz, gas...), que son el 14%.

Esta situación también erosiona la convivencia en los hogares y Cáritas pone sobre la mesa que el número de hogares en situación de "conflicto social" se ha duplicado y afecta casi al 10% en 2021 respecto al 5% de 2018.

En base a todo esto, Cáritas y la Fundación Foessa inciden en la necesidad de abordar cambios que faciliten la cohesión y el desarrollo social, como ha dicho Ubrich. "Necesitamos que se cambien los criterios de acceso al ingreso mínimo vital", ha asegurado. La creación de "empleo decente", la lucha contra la brecha digital o abordar la pandemia de salud mental son otros de los retos que la ONG considera urgentes.