La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), ha firmado un convenio de colaboración con la Unión de Criadores de Toro de Lidia (UCTL) para impulsar la mejora genética de los ejemplares del toro de lidia.

El objetivo es "contribuir a su conservación e incrementar la rentabilidad de la cabaña ganadera", según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. De este acuerdo se beneficiarán 14 ganaderías que cuentan con 6.126 animales y ocupan 6.870 hectáreas en once municipios de la región.

El director-gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA), Sergio López, ha asegurado que la cría de reses bravas "es una parte esencial del campo, del paisaje y de la cultura del país y de la región", y ha recalcado que esta actividad tradicional "contribuye a la conservación de los ecosistemas, el aumento de la biodiversidad y fijar la población en el medio rural".

El convenio firmado tendrá una duración de cuatro años y contempla la obtención de dosis seminales de reproductores seleccionados previamente por la UCTL, así como la realización de test genéticos, de exclusión de paternidad y de valoración de los sementales mediante pruebas específicas para medir la calidad del esperma, como el espermiograma. Tanto el análisis como la recogida de las muestras serán realizados por los técnicos investigadores del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de la Comunidad de Madrid, situado en Colmenar Viejo, quienes se desplazarán a las fincas en las que se encuentre el ejemplar seleccionado.

Todo el material genético recogido formará parte de un almacén específico de la raza para su conservación y servirá para aumentar el número de muestras existentes en el Banco Nacional de Germoplasma que gestiona el IMIDRA.

Este convenio se une a la aportación económica de cerca de 2,5 millones de euros en ayudas directas que el Ejecutivo regional ha destinado al sector en los últimos dos años, para paliar las pérdidas producidas durante los peores meses de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.