Una familia de Valencia está inmersa en una campaña para endurecer las penas para los conductores borrachos que provoquen un accidente de tráfico.
Esta familia valenciana impulsa una recogida de firmas en Change.org en la que exige endurecer las penas de prisión para conductores ebrios tras el atropello mortal de su padre. En tres meses, la petición suma más de 68.400 firmas, con lo que faltan 6.589 para alcanzar 75.000 y llegar al Congreso.
Este jueves se cumple un año desde que esta familia de la localidad de Utiel perdió a su padre. Juan Alcocer volvía a casa tras su paseo diario cuando, al cruzar el último paso de cebra, le arrolló un vehículo conducido por un hombre que casi cuadriplicaba la tasa de alcohol en sangre (0,95 mg/l) y, además, había consumido cocaína y cannabis, informa Europa Press.
"El vehículo atropelló a nuestro padre sin piedad y a gran velocidad, desplazándolo varios metros y causándole heridas muy graves que, tras tres días de sufrimiento en la UCI, acabaron con su vida", apunta Mei Alcocer en un comunicado de la familia, que está a la espera de juicio.
Ahora advierte que "el causante de todo este dolor, que no fue detenido en el momento del siniestro, sigue circulando por las calles, viviendo una vida tras arrebatar otra". "¿Es esto justo?", se pregunta.
Es necesario que estos delitos no queden impunes, pues con penas inferiores a dos años de prisión, si no hay antecedentes penales, no se cumple la condena
Hace tres meses, la familia abrió en la plataforma la petición Justicia para Juan Alcocer dirigida al Ministerio de Justicia y a su titular, Pilar Llop, para la modificación del Código Penal.
Según defiende, es necesario que estos delitos no queden impunes, pues con penas inferiores a dos años de prisión, si no hay antecedentes penales, no se cumple la condena.
Reclama así una modificación del Código Penal mediante la que los delitos cometidos por quienes conducen de forma imprudente grave o bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes, provocando un fallecimiento o unas lesiones y secuelas, tengan un tratamiento legislativo y unas penas inferiores de como mínimo tres años de prisión, incrementando igualmente la pena superior de prisión a ocho años.
Tras recordar que casos como estos pasan a diario, la familia reivindica que todas las víctimas de atropellos tenían derecho a vivir: "Ya no podamos hacer nada por recuperarlo, pero tampoco debemos quedarnos parados. No vamos a permitir que este tipo de injusticias sigan pasando. Por nuestro padre Juan y por todas las víctimas como él, pedimos justicia y que su petición llegue al Congreso".
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