“Me iría ahora mismo andando al lugar en el que pudiese hallarse mi hijo”. En pleno estío, como es natural, aflora el vehemente calor; pero a Mari Cruz Rodrigo (64) y a su marido los rayos de aquel sol traidor helaron sus días. Corría agosto de 1980. Y hasta hoy. La búsqueda del bebé que “nos robaron” persiste impenitente segundo a segundo acaparando todos sus esfuerzos y los-llagados-suspiros. El 27 de enero de 2011, 261 personas denunciaron al alimón ante la Fiscalía sus casos por el robo de bebés en España entre 1950 hasta la década de los 90. Este sábado regresan a las calles de Madrid para, entre otras exigencias, reclamar una reunión con el Gobierno, que hace dos años les prometió una ley cuya redacción se conserva en agrio letargo. Cuentan con el apoyo expreso de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Independiente ha hablado con las dos asociaciones convocantes.

“La mía fue una de esas 261 denuncias”, expone Mari Cruz Rodrigo, presidenta de SOS Bebés Robados, para este medio; si bien al instante lamenta que “fue de las últimas en archivarse. Se justifican en la falta de pruebas, pero lo cierto es que no investigaron”.  Más allá del sistema de justicia, tampoco le inspira demasiada certidumbre el Ejecutivo. “Ni puñetero caso nos hacen. Somos gente pacífica, madres y padres e hijos/as que nos buscamos. Quizá si quemásemos papeleras…”

Nunca nos lo enseñaron muerto. Era una trampa

mari cruz rodrigo

Su calvario supera ya los 43 años. “Di a luz en el hospital 12 de octubre de Madrid. Teníamos 21 años. Al sexto día de nacer mi hijo ya no estaba en la incubadora. Nunca nos lo enseñaron muerto, aunque lo exigimos, con la excusa de que estaba desfigurado. Eso sí, nos pidieron la leche. ¿Cómo la íbamos a llevar? Nos dijeron que el entierro costaba 200.000 pesetas de aquella época, que, por supuesto, no teníamos. Y, como no podíamos pagarlo, se hacían ellos cargo, pero sin poder estar nosotros. Era una trampa”, recuerda una inerme Rodrigo, con precisión quirúrgica. Durante este tiempo, ha cosechado pistas, parecidos “razonables”; pero nada concluyente.

Ángel Casero, secretario de Adelante Bebés Robados, quien busca a un hermano, confirma el modus operandi. “Mentiras y ocultamiento. En la documentación pone que nuestro familiar murió por doble vuelta de cordón al cuello en el 67. A mi madre, ya fallecida, la durmieron en la Casa de la Madre (Madrid) y tampoco le mostraron jamás el presunto cadáver”. Ambos en sus papeles poseen “números de colegiados médicos falsos y autopsias que no son tales, dicho por la jueza. Lo vas descubriendo mucho más tarde”.

¿Y los culpables, qué?

En cuanto a nombres propios, hasta la fecha, el saldo es poco abultado, aunque hay uno bien sonado: el ginecólogo y exdirector de la madrileña clínica de San Ramón Eduardo Vela; a la sazón, primer procesado en nuestro país por el tráfico de recién nacidos. La Policía llegó a ver “indicios” de que Vela estaba en la presunta trama. Con todo, resultó absuelto. Murió, en 2016, con 86 años. “Estuvo imputado”, espeta Mari Cruz como un vacío consuelo que se diluye en el denso aire del desasosiego.

Tanto ella como Casero sitúan como tejedores de esta suerte de malhadada telaraña “a activos de la Iglesia católica, como curas y monjas, y médicos que, en muchos casos, pertenecían a la jerarquía del Opus Dei. Principalmente actuaban por dinero, aunque sor María (llegó a declarar como imputada), señaló que lo hacían para “librarles del hambre y del pecado”. Sin generalizar, los robaban a familias humildes y muchos iban a matrimonios pudientes y católicos que no podían concebir. En ciertos casos, éstos ignoraban que el bebé era robado. Se les contaba que los habían abandonado. Absoluto embuste”.

El Gobierno, ausente; la ONU aprieta

Verdad es que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, no es menos cierto que ésta se va evaporando con el transcurrir del reloj y el cansancio de las bregas por las causas. A rellenar, acaso un poco, ese macilento frasco ayudaría un Gobierno presente y materializar la ley a que se comprometieron.

“Hace dos años, el Estado dijo que  haría una ley de bebés robados. Pero del dicho al hecho… Está totalmente paralizada. No nos hacen caso”; se queja Mari Cruz Rodrigo. Las peticiones que izarán en la marcha este 27 de enero son tres. A saber: "que urgentemente se reúna el Gobierno con las asociaciones, un banco de ADN independiente y una ley de bebés robados”, apunta Ángel Casero, a la par que añade que “tenemos derecho a la reparación y a reencontrarnos con nuestra familia biológica y, claro, que se investigue a responsables y sean sancionados. Deben ampararnos”.

Exhorto a los Estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables

organización de naciones unidas (onu)

Si Pedro Sánchez les escucha, está por ver; empero la ONU sí se ha manifestado del lado de los damnificados. En concreto, Antonio Guterres, su secretario general, se ha mostrado contundente al remarcar que “estas desapariciones tienen un profundo impacto en la vida de quienes buscan a las víctimas. La incertidumbre sobre el paradero y la suerte de un amigo, familiar o ser querido causan una gran angustia psicológica. Debemos poner fin a este sufrimiento. Exhorto a los Estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables”.

Las voces y las pancartas volverán este sábado. Por ellas y por las partes desgajadas. “Muchas madres han ido muriendo, me da mucha pena. Sigo sin saber cómo es, con quién está y cómo le va a mi hijo. No quiero dinero, ni sueño con una condena, sino con conocerlo y abrazarlo. Explicarle que ni su padre ni yo lo abandonamos y si no quisiera adherirse a esta familia, lo respetaríamos. No guardo rencor ni busco venganza”. Es el abnegado canto de una madre que jamás renunciará a poner cara a quien en sus entrañas gestó. La herida continúa manando. Tal vez, en un futuro, sea cicatriz.