Todo cambió en 2020 con la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La ayuda del Estado que debía ser un complemento a las que ya abonaban las comunidades autónomas se convirtió, en muchos casos, en un sustituto. En los últimos años cada vez son más los Ejecutivos autonómicos que han ido reduciendo, hasta convertirlas en partidas residuales, las rentas mínimas de inserción. El informe hecho público por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluye que actualmente sólo el 5,9% de las personas que en nuestro país vive bajo el umbral de la pobreza percibe este tipo de rentas de inserción que conceden las comunidades autónomas.

Antes de que fuera aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) los presupuestos de todos los Ejecutivos autonómicos para sufragar estas ayudas no dejaban de crecer. Si en 2011 suponían un montante global de 843 millones, el incremento alcanzó su techo en 2020 con 1.970 millones de euros. Desde entonces, la implantación del IMV hizo que en muchos casos se rebajará de modo importante su abono o se limitara el número de beneficiarios.

Cuando en 2020 se aprobó el IMV –competencia del Estado- las comunidades autónomas gastaban 1.970 millones de euros en pagar rentas mínimas de inserción a casi 797.000 personas. A partir de ahí ese presupuesto global se fue reduciendo en muchas comunidades y con ello el número de beneficiarios. A finales de 2023 el número de perceptores ya se había reducido hasta los 571.000, es decir, 224.000 menos.

Si bien ambas prestaciones están dirigidas a paliar situaciones de vulnerabilidad, una de ellas, el IMV, va destinada a dar una solución a la pobreza y en la mayoría de los casos tiene un objetivo más limitado en el tiempo, más puntual. En el caso de las rentas mínimas de ingreso –con distintas denominaciones e importes y condiciones en cada comunidad autónoma- están destinadas a dar salida a situaciones de exclusión y suelen ir acompañadas de planes de intervención y apoyo para permitir el abandono de una situación de exclusión social que habitualmente se prolonga en el tiempo.   

9,7 millones de personas en riesgo de pobreza

Los últimos datos de pobreza en España que aporta el INE muestran que a finales de 2023 en nuestro país había 9,7 millones de personas en riesgo de pobreza. Supone una tasa de riesgo de pobreza del 20,2% en el conjunto del país pero que varía de modo significativo entre comunidades autónomas. Andalucía con un 30%, seguida de Extremadura con un 27% y de Canarias con un 26% encabezan la lista de pobreza. La tasa más reducida se sitúa en cambio en Euskadi, con un 10,2%, Madrid con un 12,9% y Navarra con un 13,8%.

En 13 de las 17 comunidades autónomas las partidas dirigidas al pago de rentas de inserción social se han reducido. En casos como Madrid, Aragón y Castilla La Mancha el recorte ha oscilado entre el 82% y el 96% en los últimos años. La media en el conjunto de España ha sido del 16% en cuatro años. Tan sólo Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Euskadi han incrementado la inversión en este tipo de rentas de inserción. En caso del archipiélago canario el incremento ha sido del 103%. “Lo que ha sucedido es que con la llegada del IMV y las decisiones de algunas comunidades algunos beneficiarios habrán dejado de percibir la renta mínima de inserción y quizá tengan lo mismo, pero otros, que no han accedido al IMV, tampoco tienen la RMI. Eso es terrible”, asegura José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En su opinión, en un país en el que viven más de 9 millones de personas en riesgo de exclusión una cuestión así debería convertirse en una prioridad para los gobernantes. “Las rentas mínimas de ingresos cumplen una labor importante contra la exclusión. Van acompañadas de planes, de medidas dirigida a corregir esa exclusión, a dar formación, a asegurar que los niños acudan a la escuela, a abordar problemas de conducta, de salud mental, de adicciones, etc. Todo eso en el IMV no existe. Por eso terminar con las rentas de inserción supone romper el ascensor social para muchas personas”.

Sin RMI ni IMV

Esta asociación recuerda además que en muchos casos a la desaparición de estas partidas de inserción se suma los problemas para acceder al IMV, “ que no está llegando a las 850.000 familias que prometió el Gobierno el primer año, tan sólo llega a la mitad de los hogares. Hay miles de personas que se han quedado sin el paraguas del ingreso mínimo y a las que el IMV les ha excluido”.

Con la nueva realidad, el porcentaje de ciudadanos que se encuentra bajo el umbral de la pobreza y que percibe estas ayudas autonómicas se ha reducido de modo drástico, según el informe. En cinco comunidades menos del 2% de las personas en esta situación recibe esta ayuda: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%). Este análisis muestra otra realidad como es la que se vive en comunidades como el País Vasco y Navarra, donde el porcentaje de perceptores de rentas de ingreso o inserción se eleva hasta el 51% y el 38% respectivamente.

En comunidades como Madrid el número de perceptores de la renta mínima de inserción se ha reducido un 90% desde el año 2020. Al menos la partida no ha desaparecido de las prestaciones de carácter social, si bien sí lo ha hecho como renta de inserción. En Andalucía la reducción en el número de perceptores ha caído en un 84%, en Cantabria un 77%, en Murcia un 76%. En la Comunidad Valenciana se han incrementado un 109%.