La anulación del real decreto ómnibus deja un antes y un después en la actual situación de los desahucios en el Estado: en el caso en concreto de los okupas y de personas vulnerables. La caída de esta medida ha suscitado un estado de incertidumbre tanto en las personas propietarias de inmuebles como en aquellas que hasta ahora se protegían de un desalojo por medio de los amparos legales correspondientes. Con la entrada en el BOE del decreto, que pone fin a la vigencia del anterior, se presenta un nuevo escenario en el cual los derechos y las obligaciones de las partes afectadas se vuelven a redefinir.

Suspensión de desahucios: qué cambia ahora

Desde el 2020, la suspensión del desalojo de aquellas personas más vulnerables a las cuales no se las pudiera garantizar alternativas de vivienda, estaba contemplado en el Real Decreto-ley 11/2020. Este Real Decreto-ley había sido impulsado por y durante la pandemia, permitiendo que los servicios sociales pudiesen notificar la vulnerabilidad de una persona, pudiendo quedar suspendido el desalojo incluso frente a una resolución judicial firme. La derogación del mencionado decreto ómnibus permite poner fin a esta autorización jurídica, interrumpiéndose los procedimientos suspendidos y quedando abiertas las vías para que los propietarios puedan iniciar las acciones para la recuperación de la vivienda de su propiedad.

Por otro lado, existía una indemnización económica por parte de los propietarios de las viviendas afectadas por esta suspensión, muchos consideraban que esa indemnización era insuficiente como para cubrir los gastos que supone la okupación o la inquiokupación. Ahora los propietarios podrán elaborar y presentar escritos para solicitar el desalojo de los inquilinos que no cumplan con las obligaciones contractuales contraídas en virtud del contrato de arrendamiento, una opción que estaba cerrada en virtud de la legislación.

Impacto en los procedimientos judiciales

Además, incide en el tiempo que realmente llevan los procesos que son causa de okupación. De este modo, los desalojos que hubiesen estado suspendidos durante varios años volverán a poder ser tramitados, pero la sobrecarga de trabajo de los propios juzgados y la ya de por sí morosa tramitación existente en el sistema judicial podrían prolongar los tiempos de apercibimiento. El juicio civil continuará siendo el camino principal por el cual se tramitarán los casos por causa de la okupación, dado que se rechazó en el Senado una enmienda para poder acelerar la vía de la justicia por la respectiva vía penal.

La incertidumbre para los propietarios y los okupas

Un escenario sin garantías claras

A pesar de su derogación, continúa la incertidumbre respecto a su evolución. Se ignora si el Gobierno decretará nueva ley o decreto específico para reanudar alguna forma de protección de las personas vulnerables. Hasta entonces, los propietarios tienen vía libre para recuperar sus viviendas pero conllevan un proceso que podría ser largo, meses, incluso años por la acumulación de los casos en los tribunales.

Para los okupas y las personas vulnerables, la derogación del decreto equivale a una inmediata situación de riesgo de desalojo y sin el abrigo del Real Decreto Ley 11/2020 ya no tienen un amparo legal para frenar los procedimientos en su contra, lo que podría derivar simplemente en un aumento de desalojos y en situaciones de desabrigo.

Posibles cambios legislativos

Aunque no existe una propuesta concreta, se podría plantear un nuevo decreto que regule solamente la situación de los individuos vulnerables y de los okupas, pero cualquier modificación que se instara a la normativa actual llevaría un periodo largo para ser debatida y aprobada por el Congreso de los Diputados, con lo que el intervalo de tránsito aparecería lleno de incertidumbre tanto para propietarios como para okupas.

Consecuencias sociales y económicas

El impacto en los afectados por desahucios

Los propietarios ven el final de la Ley como un primer paso para recuperar sus derechos, pero también se encuentran ante grandes dificultades. Aunque pueden presentar acciones de desalojo, los costes judiciales y las dilaciones en la tramitación de las demandas son una carga importante. También queda la impresión de que una ausencia de indemnizaciones adecuadas seguiría constituyendo un obstáculo para muchos de los propietarios.

La derogación del real decreto de contenido múltiple se hace dentro de un contexto incierto y concentrado. Si bien los propietarios recuperan cierta capacidad de acción, las personas en situación de vulnerabilidad pierden un escudo legal que era básico, lo que hace que se derrumbe una situación que requerirá soluciones explícitas e inmediatas para evitar efectos sociales de gran calado.