La puesta en marcha del Real Decreto 666/2023, que regula la utilización de los antibióticos en los animales, ha provocado una corriente de críticas en el sector veterinario, donde los profesionales de todo el país forman un frente que advierte del peligro que entraña para la salud de muchas mascotas, sobre todo aquellas cuya etiqueta de propiedad no se encuentra definida. Una normativa cuyo objetivo es poner fin a la utilización desmesurada de los antibióticos ha generado una burocracia adicional y unos gastos elevados que dificultan la atención a las urgencias y a una serie de tratamientos que son considerados, sin lugar a dudas, imprescindibles.

Un impacto directo en la salud de los animales

Retrasos en la administración de tratamientos

Un manifiesto de veterinarios anota que la normativa les obliga, con el objetivo de poder prescribir antibióticos, a los veterinarios para tener que hacer trámites extensos que alargan la atención de los casos urgentes. El veterinario que prescriba un antibiótico lo tiene que comunicar a la plataforma PRESSVET del Ministerio de Agricultura, lo cual incrementa la carga administrativa y hace que el acceso a los medicamentos se ralentice.

Aparte que, antes de dar ciertos antibióticos a los animales, se tienen que hacer pruebas diagnósticas como cultivos y antibiogramas, que pueden tardar hasta siete días para conocer el resultado. En infecciones graves, esta lentitud puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una mascota.

Dificultades para tratar a animales callejeros

Una de las dimensiones más deficitarias de la normativa a la que hacemos referencia es la imposibilidad de tratar a los perros y gatos sin microchip. La ley exige que toda receta veterinaria debe incluir el número de microchip del animal dejando huérfanos a todos los callejeros y a aquellos que están en proceso de adopción. Esto se convierte en una situación problemática porque presenta un dilema ético para los veterinarios, quienes prefieren no aplicar tratamientos ante un posible morbo económico.

Más trabas y gastos para los propietarios

Aumento del coste de los tratamientos

La nueva regulación, igualmente, encarece también el acceso a medicamentos de uso veterinario. En efecto, los veterinarios antes podían dispensar la cantidad exacta de antibióticos a utilizar para un tratamiento; en el momento presente, los propietarios deben adquirir cajas enteras de productos de uso veterinario, lo que encarece a la vez que genera un acumulado de fármacos en casa. Este incremento de gasto puede corresponderse también con un uso inadecuado de los antibióticos, ya que si queda una parte, ciertos propietarios podrían utilizarla para medicar a sus animales de compañía sin supervisión profesional, y esto lastimosamente agranda la posibilidad de resistencia bacteriana, uno de los problemas que la ley intenta mitigar.

Multas elevadas por errores administrativos

El hecho de no cumplir con la normativa puede tener como consecuencia la imposición de sanciones de 6.000 euros hasta el millón de euros, según la gravedad de la infracción. Los veterinarios advierten que la complejidad de la plataforma de notificación incrementa el riesgo de errores administrativos y, por lo tanto, de ser sancionados. Esta presión derivada de la complejidad de la plataforma podría llegar a suponer que algunos veterinarios opten por limitar la prescripción de antibióticos con el fin de reducir el riesgo de sanciones.

Un futuro incierto para la salud animal

Posibles consecuencias a largo plazo

Las regulaciones más estrictas en torno a los antibióticos pueden, incluso, generar un recorte de la accesibilidad a tratamientos eficaces para los animales en el futuro. Si ante mayores y más estrictas regulaciones, los propietarios de mascotas o animales de compañía se encontraran con barreras económicas o administrativas para obtener los antibióticos, algún propietario podría optar por no recibir tratamiento de acuerdo a la disponibilidad de medicamento, a lo que habría que añadir la posibilidad de una mayor carga padecida por sus animales.

Exigencia de cambios en la normativa

Los veterinarios, por su parte, han comenzado a movilizarse para demandar cambios en el decreto, porque piensan que las medidas que se están tomando deberían revisarse, para que se pueda aplicar lo que verdaderamente tienen que aplicar para que los animales reciban la atención necesaria o adecuada sin que eso suponga que la acción de lo que se hace suponga una carga máxima tanto para los veterinarios como para los propietarios de animales.