El terrible asesinato de María Belén Cortés, educadora social de 35 años, a manos de tres menores de edad en un centro tutelado de Badajoz ha conmocionado a España y ha puesto bajo el foco mediático la precaria y difícil situación de los profesionales que trabajan en estos lugares.

El Independiente ha contactado con un trabajador de un centro de menores extranjeros no acompañados de la Comunidad de Madrid, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, y que relata la realidad que se vive en estos espacios. "Lo que ha pasado es la punta del iceberg", advierte. "Refleja un problema mucho más grave: ni las empresas responsables de los centros ni las administraciones públicas cumplen la ley, lo que nos pone en una situación de constante riesgo".

"No se cumple la ley de protección de riesgos laborales. Los trabajadores no reciben formación adecuada porque a las empresas no les interesa este tipo de gastos, y si se pueden ahorrar costes favoreciendo la rotación, eso que se llevan", subraya.

En concreto, acusa a las empresas gestoras de no cumplir con la normativa de riesgos laborales: "A mí nadie me ha llamado nunca para hacer una evaluación", relata. Además, sostiene que las instituciones conocen "perfectamente" la situación, pero eligen "mirar para otro lado", y critica que los centros, en lugar de proporcionar una atención adecuada a los menores, los mantienen en una situación de abandono emocional y educativo. "Pretenden que accedan a la Formación Profesional sin la preparación adecuada, lo que los condena al fracaso".

Además, asegura que las empresas priorizan los beneficios económicos sobre el bienestar de los menores, hasta el punto de manipular informes y ocultar problemas para no perder las subvenciones y recursos que se les asignan, todo ello amparado por las administraciones públicas, que permiten esta situación. "Saben perfectamente cuántas fugas hay de los centros y cuántas denuncias se presentan ante la Fiscalía", afirma. "Los responsables políticos carecen de conocimiento real sobre estos centros y adoptan posturas burocráticas que ignoran las necesidades de los menores".

Uno de los problemas fundamentales es la escasez de personal, que es un arma de doble filo: ni dan abasto para atender a los menores, y el escaso número de trabajadores representa una amenaza para la seguridad tanto de los empleados como de los propios menores. "He llegado a estar solo en turno con 14 chicos. Me han agredido", relata. Además, la elevada rotación de personal impide la creación de vínculos estables con los menores, a lo que se suma la contratación de personal sin la cualificación necesaria, lo que repercute directamente en la calidad de la atención que reciben.

En muchos casos, recuerda que los jóvenes que ocupan estos centros carecen de formación, integración y educación afectiva, lo que les imposibilita tener relaciones personales normalizadas y les acerca a la delincuencia. No obstante, incide en que es conveniente no generalizar, puesto que no todos los casos son así. "Les están haciendo un flaco favor a los chavales. Son delincuentes y necesitan ser corregidos", añade.

Protestas en Extremadura

Precisamente, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García, anunció este martes que los trabajadores del piso tutelado de Badajoz donde fue asesinada María Belén habían abierto "incidencias" a los tres implicados en su muerte, aunque no llegaron a ser denunciadas formalmente. No obstante, sí fueron puestas en conocimiento de la justicia, según el protocolo de actuación.

Al día siguiente, en una manifestación en Badajoz, trabajadores de centros de menores y pisos tutelados reclamaron más seguridad. Una de las trabajadoras denunció que llevaban tiempo avisando de que los menores son cada vez más agresivos, y reclamaron más medidas de seguridad y personal. También pidieron establecer un diálogo con el Gobierno para cambiar la ley del menor con el objetivo de reducir la edad penal. Este viernes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que las demandas de los educadores sociales son "absolutamente razonables" y que el sistema de acogida es "manifiestamente mejorable".

El trabajador con el que ha hablado este periódico advierte de que la situación actual es "insostenible". "Si no se actúa con rapidez, las consecuencias serán más graves: habrá más jóvenes excluidos, incrementará la delincuencia y la inseguridad ciudadana"un sistema de protección desacreditado", advierte.