“Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Desde la Constitución de 1978, que en su artículo 51 protegió por primera vez los derechos de los consumidores, a la toma de posesión hoy del ministro Alberto Garzón, primer titular de una cartera exclusiva de Consumo, han pasado 42 años.

Cuatro décadas en la que los escándalos se han sucedido, desde la colza a iDental, y que han movilizado a millones de españoles que se han sentido abandonados por el Estado. Es precisamente por ello que la creación del Ministerio de Consumo ha despertado una mayor esperanza en las asociaciones de consumidores que, sin embargo, se muestran cautas. “La política de Consumo está muerta desde hace décadas, ningún ministro desde ningún Ministerio ha emprendido las políticas verdaderamente necesarias para garantizar los derechos de los consumidores. Por eso, de inicio, la creación de este Ministerio es una buena noticia”, afirma Rubén Sánchez, portavoz de la Asociación de Consumidores Facua.

Tres años después de aquella Constitución moría el primer afectado por el aceite de colza, el niño Jaime Vaquero, de ocho años. Cuando el síndrome afectaba ya a más de 2.500 personas, en mayo de 1981, el entonces ministro de Sanidad Sancho Rof afirmaba que la enfermedad era “menos grave que la gripe”. Aquel mismo año, como recuerda el abogado Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, se creaba el primer Ministerio de Sanidad y Consumo. Los mil fallecidos y 20.000 afectados que dejó este síndrome resonaban cuando se aprobó, tres años después, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es la misma ley que, varias veces reformada, sigue vigente.
“El ámbito de la protección de los consumidores siempre ha estado sometido a la irrelevancia”, afirma Lucía Germani, portavoz de Actora Consumo. Su organización, una de las personadas en la causa de iDental en la Audiencia Nacional, cree que este nuevo Ministerio debería servir para “rescatar a los consumidores como con la crisis se rescató a los bancos”.

Primer reto, hacer cumplir la ley

Sin embargo, no será solo la voluntad del ministro Garzón sino que dependerá de los acuerdos con otros ministerios, el más difícil todavía de la coordinación en un Gobierno de coalición. “En Consumo el problema no es tanto la Ley General, que también habría que reformar, sino que ésta no se hace cumplir. Además, Consumo parte con el hándicap de que depende del sector de actividad en que se haya producido el fraude por lo que su actividad va a depender de la voluntad política del Gobierno”, afirma Sánchez.

Aunque la Ley otorga al Gobierno la potestad para emprender acciones legales contra las empresas que cometan fraude, Sánchez denuncia que solo en una ocasión un ministro - Bernat Soria, en el Gobierno de Rodríguez Zapatero - amenazó a una empresa con emprender acciones legales si no cesaba en una práctica. "La empresa era Movistar, que empezó a cobrar sin previo aviso la identificación de llamada entrante en telefonía fija. Sin embargo se quedó en eso, porque no emprendió ninguna acción", afirma el portavoz de Facua.

En este mismo sentido, Facua reclama que se dote al nuevo ministerio de potestad sancionadora. "Aunque la mayoría de fraudes los cometen multinacionales en todo el territorio español, la potestad para multar la tienen solo las comunidades autónomas. Es caótico y absurdo y provoca que al final casi nunca se consigan los resultados en toda España. Es necesario que esta competencia sea compartida".

Lo mismo pedía el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, en Europa Press, con la necesidad de dar mayores competencias y "un papel sancionador más grande" a Consumo, al endurecer las sanciones "a las empresas que incumplan la ley", además de "mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas".

Juego y publicidad sanitaria, grandes retos

Uno de los grandes ejes de la actuación de este Ministerio está en una nueva regulación del juego, al que se llega a llamar ya "la droga del siglo XXI". Aquí serán algunas competencias que actualmente están en Hacienda las que pasarán a ser responsabilidad de Alberto Garzón. Aquí, su cometido será controlar la extensión de las casas de apuestas y regular su publicidad, que desde muchas asociaciones como Actora Consumo creen que se debe "prohibir totalmente, al igual que la publicidad sanitaria". No en vano el número de jugadores menores de 25 años ha subido un 12,5% en un año.

Entre sus apuestas está el control de las aperturas de casas de apuestas en entornos escolares o su limitación de horario solo a partir de las 10 de la noche.

La publicidad sanitaria es otra de las patas que, especialmente tras el escándalo iDental, las asociaciones sanitarias piden abordar de forma urgente. "Urge promover que se den ayudas a estos afectados y que se incorpore la salud bucodental a la Sanidad pública para evitar que se vuelvan a producir situaciones como estas", dice Germani.

Telefonía, aseguradoras o banca son otros de los sectores sobre los que Garzón tendrá que poner el foco. "Con un Ministerio propio al menos no podrán decirnos que la Sanidad no deja opciones para abordar el consumo. Y tenemos un partido nuevo, que es el que más ha recogido en sus últimos programas electorales las reivindicaciones de los consumidores. Otra cosa es que quieran y puedan ponerlo en práctica", concluye.