El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que recoge obligaciones para todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo.

En la rueda de prensa posterior, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha justificado la necesidad de actuar para remediar el problema del desperdicio por razones de índole "económica, ambiental, moral y social".

"No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura", ha afirmado el ministro, que ha recordado que cada español desperdicia anualmente 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos.

El nuevo proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el despilfarro que debe incluir una jerarquía de usos en la que la prioridad es la utilización en alimentación humana a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Esta obligación se aplica igualmente a las instituciones como a centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor.

Para las donaciones, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente aspectos como las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte, y la selección de alimentos.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los alimentos donados deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y su uso seguro, al tiempo que las empresas donantes y las organizaciones receptoras estarán obligadas a garantizar su trazabilidad mediante un sistema de registro de entrada y salida.

En un segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo, deberán ser transformados en productos como zumos, mermeladas o cremas.

Si no son aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Los agentes tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para minimizar las pérdidas en la manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos, al igual que sistemas de mantenimiento de la cadena de frío.

Los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y diferenciada del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

Planas también ha explicado que, en los bares y restaurantes, los operadores tendrán la obligación de facilitar una bolsa o caja para que el cliente pueda llevarse la comida que no ha consumido para evitar que acabe en la basura.

El Gobierno también se ha propuesto generalizar una práctica que ya se realiza en numerosas empresas de la distribución, como es la de hacer promociones específicas de venta de productos que tengan próxima la fecha de caducidad o la de consumo preferente.

En las tiendas de más de 400 metros cuadrados de superficie, además, será obligatorio disponer de un lineal donde se ofrezcan determinados productos que, a pesar de estar en condiciones de consumo óptimo, no tengan una apariencia "perfecta".

Los operadores deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y a granel, así como informar de las pérdidas alimentarias y del cumplimiento de sus planes de prevención.

El ministro ha destacado que España es el tercer país de la Unión Europea en legislar sobre la materia, por detrás de Francia e Italia, al margen de las campañas que se han llevado a cabo para mejorar el consumo y evitar que se malgasten los alimentos.

Según Planas, el 40 % de los alimentos que se desperdician en España se concentran en el proceso de transformación industrial; el 40 %, en los hogares; el 15 %, en la restauración; y el 5 % restante, en la distribución.

Con el impulso de la norma, el Ejecutivo quiere avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que recoge la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo.

El Gobierno también elaborará un plan que defina la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones que deberán seguir las comunidades autónomas.

Según el MAPA, se establecen cuatro tipo de infracciones graves relacionadas con la donación de alimentos, con multas de entre 6.001 y 150.000 euros, mientras que las infracciones leves llevarán aparejadas sanciones de hasta 6.000 euros.