La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad (FEAADAH), junto con otras 36 asociaciones de toda España y de la mano del despacho de abogados Lawyou, han interpuesto, entre todas, 37 recursos al Ministerio de Educación por excluir discriminatoriamente de las ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a 20.000 menores con TDAH.

El artículo 7 del Real Decreto 471/2021 concreta las ayudas a cuatro grupos específicos del alumnado NEAE (trastorno grave de conducta, trastorno grave de comunicación, autismo y altas capacidades), dejando fuera a alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia, discalculia o disortografía. Este grupo, para poder optar a las becas, deberá acreditar un 33% de discapacidad, lo que para FEAADAH es una decisión absolutamente discriminatoria.

En España la prevalencia del TDAH es de un 5% de la población infantil y adolescente. Maite Urkizu, presidenta de FEAADAH, destaca que “la presentación de esta demanda pone de manifiesto que la sociedad tiene una deuda con el TDAH, un trastorno del neurodesarrollo que sufren 415.000 niños en este país, de los que 20.000 deberían poder aspirar a obtener las ayudas educativas y no pueden porque jamás les van a otorgar una discapacidad 33%, lo que no significa que no necesiten apoyo educativo”.

Las familias afectadas, a través de diferentes asociaciones y de FEAADAH, llevan más de cuatro años solicitando que se modifique el Real Decreto y que se añada específicamente un quinto apartado en el que se incluya a estos niños. “En todas las reuniones solo recibimos buenas palabras y nada más. Nuestra petición es clara: que el alumnado con TDAH y con necesidades específicas de apoyo educativo pueda acceder a estas ayudas sin tener que presentar ni discapacidad, ni trastorno de conducta, al igual que acceden otros colectivos dentro de los trastornos del neurodesarrollo”, recalca Urkizu.

La exclusión de este colectivo en las becas que convoca anualmente el Ministerio de Educación es “una discriminación, además de obvia, flagrante, que deja en riesgo social, personal y educativo a los menores más desfavorecidos y que sin esta ayuda no podrán disponer de un refuerzo educativo. Desde el Ministerio se debe dar respuestas prioritarias a quienes, con un trastorno del neurodesarrollo acreditado científicamente, encuentran dificultades a su desarrollo humano y formativo”, concluye.