Tal y como adelantó ayer el presidente del Gobierno y subrayó esta mañana la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente del real decreto que modifica el reglamento para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios con el objetivo de que entre en vigor "lo antes posible", según han informado a Europa Press fuentes del ministerio. Con esta medida, el Gobierno pretende "reforzar las exigencias para garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles", con el objetivo de "garantizar la calidad global de los centros universitarios, indistintamente de si las universidades son públicas o privadas".

El real decreto, según precisan desde el Ministerio que dirige Diana Morant, "no limita la aparición de universidades privadas, constitucionalmente reconocidas". Sin embargo, sí pretende asegurar que todas las propuestas de nuevas universidades presenten un programa docente e investigador "con la calidad suficiente y homologable al que ha caracterizado hasta el momento al sistema universitario español en su conjunto".

Con el nuevo real decreto, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

Autorización de las Cortes

Las universidades virtuales (con más del 80% de su docencia bajo modelo virtual) serán consideradas universidades de especiales características, al tener como ámbito territorial de actuación todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.

Asimismo, se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio, así como tres programas de doctorado en vez de dos como hasta ahora, y será preciso que en la oferta de Grados, Máster y Doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Además de la exigencia ya establecida en la anterior normativa de destinar el 5% del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2% del presupuesto anual de la universidad.

Solvencia comprobada

También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

En caso de entrar en vigor este nuevo real decreto, que el Gobierno prevé aprobar el próximo mes de mayo después de iniciar este miércoles el trámite de audiencia e información pública y escuchar "a todas las partes implicadas, a otros ministerios y al Consejo de Estado", las universidades deberán comprometerse a disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de estudiantes ofrecidas y se exigirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores, y tendrán requisitos más estrictos en materia de investigación.