Las 35 universidades privadas españolas que forman parte del llamado Foro Emilia Pardo Bazán consideran "inaceptable" el decreto con nuevas exigencias para la creación de universidades privadas que ha presentado el Gobierno. Después de reunirse este viernes con el secretario general de Universidades, Paco García, el foro ha asegurado que la nueva propuesta de regulación genera "una grave inseguridad jurídica" y puede vulnerar principios fundamentales al tener carácter retroactivo.

El pasado 31 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un endurecimiento de los requisitos para la creación de nuevos centros universitarios para evitar los "chiringuitos educativos". Un día después, el Consejo de Ministros aprobó una propuesta de decreto de urgencia, al tiempo que la ministra de Universidades, Diana Morant, acusaba a comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid o Andalucía de favorecer establecimientos universitarios que no cumplen con la calidad exigible.

Según las universidades privadas, la propuesta del Gobierno "parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas. Éstas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior", han señalado en un comunicado del Foro Emilia Pardo Bazán, en el que manifiestan de forma "unánime" su posición "crítica" al borrador del decreto.

Inseguridad jurídica

El plazo de presentación de alegaciones a la norma finalizaba este viernes. Hoy el Ministerio se ha reunido con los sindicatos y con la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), además de con las universidades privadas representadas por el Foro Emilia Pardo Bazán, para conocer sus aportaciones. Estos han pedido al ministerio "reconsiderar el contenido" del decreto porque las medidas "amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios".

"Genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente", han señalado en un comunicado.

El decreto de 2021 aprobado durante la etapa del ministro Manuel Castells y que ahora se ve reformado establecía un plazo de cinco años para que las nuevas universidades cumplieran con unos criterios académicos que según el borrador de la nueva norma cambiarían en algunos aspectos, como en el número de alumnos que debería alcanzar un centro en esos primeros cinco años de actividad (4.500) o en el número de ramas de conocimiento que deben enseñar. Además, establece unos plazos de adaptación de hasta tres años desde la entrada en vigor del nuevo texto.

Límites a la innovación y la autonomía universitaria

Las universidades privadas consideran de especial gravedad la pretensión de limitar el número de nuevos planes de estudios que se pueden presentar a verificación y modificación, "puesto que limita la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad actual" y critican que el decreto "invade la autonomía de las universidades, tanto públicas como privadas, imponiendo normas que limitan su capacidad de autogobierno".

Para el Foro Emilia Pardo Bazán las medidas planteadas "no son idóneas" para alcanzar los fines que manifiestan perseguir, "ya que establecen restricciones que dificultan el desarrollo de un sistema universitario plural, competitivo y de calidad".

Además lamentan "falta de debate" para elaborar la reforma de la ley, las privadas creen que el decreto "no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto".