La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado públicamente este domingo una nueva agresión a tres funcionarios en el Centro Penitenciario de Aranjuez, y han alertado de que "cada día que pasa la situación en los centros penitenciarios es más grave".

Según relata la organización en un comunicado, en el módulo 9 del Centro Penitenciario de Aranjuez se produjo una discusión entre varios internos, ante la cual los funcionarios procedieron a intervenir para evitar que se agredieran entre ellos.

Una vez aislado el más agresivo del resto de los internos, este continuó insultando y amenazando de muerte a los funcionarios y "de forma sorpresiva" se dirigió a uno de ellos "mordiéndole".

Tras usar la fuerza física imprescindible, los funcionarios pudieron reducir al interno, que siguió golpeando a los funcionarios con gran agresividad.

Los funcionarios han sido atendidos por los servicios médicos del centro y posteriormente han acudido al hospital para la valoración de sus lesiones.

"Cada día que pasa la situación en los centros penitenciarios es más grave, las agresiones físicas y amenazas de muerte se producen diariamente y cada incidente es más grave que el anterior sin que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni el Ministerio del Interior se responsabilicen y procedan a tomar medidas para solucionarla grave situación en la que se encuentran los centros penitenciarios", ha alertado la APFP.

La organización ha señalado que a finales del 2020 había 3.692 vacantes en la relación de puestos de trabajo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y en el Centro Penitenciario de Aranjuez, 56 vacantes de 473 plazas, "falta de personal que se ha agravado en este cuatrimestre del 2021 al no realizar una oferta de empleo público que palie este problema".

APFP reclama al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros/as de Cataluña.