La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla prevé iniciar el miércoles día 13 un juicio contra una mujer acusada de un presunto delito de estafa continuada cometido supuestamente sobre casi una treintena de personas y una sociedad limitada, de quienes habría cosechado cuantías que suman un montante global de casi 1,3 millones de euros, para unas inversiones que "nunca" habrían sido materializadas, pues la inculpada habría aprovechado dicho dinero para su propio beneficio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía la acusada es Asunción T.B., administradora única de tres sociedades inmobiliarias que "carecían prácticamente de actividad" pero respecto a las cuales habría conseguido "aparentar solvencia profesional y económica".

"Apoyada en esa apariencia de solvencia, a lo largo de 2007 y los primeros meses de 2008, con la promesa de unos intereses desmesurados que en ocasiones alcanzaban el 120 por ciento", la encartada habría logrado presuntamente que un determinado número de inversores, unos 30, todos ellos ciudadanos a título particular más una sociedad limitada; "le entregasen unas cantidades de dinero ofreciendo realizar con ese dinero unas inversiones que, como era su plan, nunca se llegaban a efectuar, aprovechándose de las cantidades entregadas en su beneficio", relata el Ministerio Público.

"A su propio beneficio"

Las cantidades cosechadas de los inversores, según la Fiscalía, eran destinadas "a su propio beneficio y parte del pago de intereses de otras cantidades previamente recibidas de otros inversores, con lo que conseguía mantener su apariencia de solvencia y profesionalidad, pero nunca realizar inversiones que pudieran generar beneficios, aunque fuesen mínimos", narra la Fiscalía.

Las cantidades obtenidas de los citados inversores, según precisa la Fiscalía, oscilan entre un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 250.000 euros, con aportaciones de 156.264 y 134.000 euros en algunos casos.

"Inmuebles y créditos sin valor real"

Tras obtener las citadas cuantías, cuyo montante global roza los 1,3 millones de euros, la acusada, siempre presuntamente y siempre según la Fiscalía, habría constituido una nueva sociedad bautizada como Strategic International Company Operations, incorporando a la misma "una serie de inmuebles y créditos sin valor real, porque los inmuebles soportaban hipotecas y embargos que superaban el valor real" de los mismos, salvo en el caso de un solar; y los créditos "se ostentaban contra personas de ninguna solvencia y estaban asegurados con inmuebles hipotecados".

"De esta mercantil se servía la acusada para garantizar con su aval las renovaciones de depósitos, que al vencimiento del plazo de la inversión no se devolvían, sino que se volvían a depositar", precisa la Fiscalía, que atribuye a Asunción T.B. un presunto delito de estafa continuada, reclamando para ella cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros.