Oficialmente su casa se había quedado más que pequeña. Según el padrón municipal en ella residían 89 personas. La realidad, en cambio, es que la mayoría ni siquiera la había pisado nunca. Aquel septuagenario al que la Policía seguía los pasos no parecía tan acompañado en su casa de Mondragón (Gipuzkoa). El casi un centenar de nombres que figuraban viviendo junto a él, la mayoría de ciudadanos inmigrantes, en muchos casos ni siquiera habían pasado por el pueblo. Los datos recabados por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) fueron suficientes para descubrir que en esa vivienda se estaban cometiendo numerosas irregularidades,-fundamentalmente empadronamientos ficticios- suficientes como para detener al titular de la misma.

La Policía le acusa de haber facilitado el empadronamiento de inmigrantes en su domicilio, presuntamente a cambio de pagos y que de este modo pudieran acceder al cobro de ayudas, acceder a sanidad pública o incluso solicitar permisos de residencia en España.

La decena de empadronamientos ficticios correspondían en algunos casos a ciudadanos que residían incluso en Francia o en el Sáhara y que sólo acudían hasta la localidad guipuzcoana en caso de requerir servicios como atención sanitario o completar algunos procesos administrativos para la obtención de ayudas o documentación, según informa la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa.

150.000 euros de multa

Los delitos que se le imputan al titular de la vivienda son de estafa y falsedad documental. Por ello se pide una multa contra él por un importe de 150.000 euros. Además, a siete de los inmigrantes que se ha podido identificar y localizar y que habría procedido al falso empadronamiento en esta vivienda, se les impondrá un sanción de 1.503 euros.

En tres de estos casos la Policía asegura que procedieron a solicitar ayudas económicas de modo irregular al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) e incluso que en uno de los casos llegó a recibir ayudas por un importe total de 29.459 euros.

Otros de los inmigrantes que utilizaron esta vivienda para empadronarse, habrían pagado entre 50 y 300 euros al propietario de la vivienda, según informa la policía.