La Guardia Civil ha retirado del mercado 6.079 cosméticos, principalmente colonias, perfumes y desodorantes, expuestos para la venta en distintos establecimientos comerciales de Asturias, unos productos con una composición muy distinta a los originales y en cuya formulación suelen encontrarse disolventes industriales, componentes tóxicos o directamente prohibidos.

Las inspecciones realizadas en 25 establecimientos permitieron retirar esos 6.079 productos con un precio de venta al público de 17.082 euros y se han formulado 136 denuncias por infracciones administrativas que van desde irregularidades en el etiquetado a la inclusión de alguna sustancia química prohibida al contrabando (importaciones ilícitas).

Según el Instituto Armado, pese al atractivo que generan por el ahorro económico que supone su compra, los cosméticos falsificados son peligrosos dado que, al pasar mucho tiempo en contacto con la piel pueden desencadenar en dermatitis irritativas, intoxicaciones por inhalación, irritación ocular, dermatitis o algún tipo de reacción alérgica.

Así, la fabricación y comercialización de estos productos está altamente monitorizadas con el fin de cumplir unos requisitos de control adecuados que eviten cualquier riesgo para la salud humana, lo que llevó a la Guardia Civil a intensificar las inspecciones en establecimientos comerciales a lo largo del pasado mes de mayo.

El objetivo era someter los cosméticos a una inspección tanto en materia fiscal y tributarios para detectar productos de origen fraudulentos como de sanidad, por si pudieran conllevar algún riesgo para la salud incumpliendo la normativa que regula su etiquetado.

El tipo de cosméticos intervenidos y en los cuales se detectaron irregularidades son colonias y perfumes (2.824), desodorantes (1.409), productos para uñas, (959), productos para el cabello (632) y productos corporales como cremas, geles, aceites (255).

La intensificación de la vigilancia en la venta de estos productos, pretende concienciar a los establecimientos del peligro que conlleva su venta, además de las consecuencias legales que pueden acarrear que, en algunos casos recae sobre los fabricantes y distribuidores por comercializar los productos con sustancias no permitidas, y en otros sobre los titulares de los comercios por ausencia de datos obligatorios en el etiquetado.