La Policía Nacional ha identificado al propietario de un establecimiento de antigüedades por, presuntamente, vender una escultura del faraón Taharqa datada entre el 690-664 antes de Cristo. El anticuario vendió la escultura al Museo Nacional de Antigüedades de Leiden, en Países Bajos, por 100.000 euros. Procedía del expolio de la República de Sudán, tenía un origen ilícito y contaba con documentación falsa.

La investigación se inició cuando las autoridades de los Países Bajos remitieron a la Brigada de Patrimonio Histórico un documento que informaba sobre una denuncia presentada por el director del museo. En la denuncia se afirmaba que un anticuario, responsable de un establecimiento de antigüedades de Barcelona, había vendido una escultura de origen sudanés al museo por 100.000 euros. La escultura se trataba de un ushebti (estatua que en el Antiguo Egipto se depositaba en la tumba del difunto) del faraón Taharqa.

Para realizar la venta, el anticuario proporcionó una copia digital de un documento manuscrito del gobierno sudanés, fechado el 27 de mayo de 1967, que certificaba que la pieza había llegado a Londres procedente de Sudán entre 1930 y 1940. El documento resultó ser falso.

Tras varias investigaciones, que contaron con la colaboración de la Embajada de la República de Sudán en España, se pudo comprobar que el manuscrito no era un certificado oficial, ya que carecía de los requisitos que tenían esos escritos en la época. El documento mencionaba un “Ministerio de Arqueología” que nunca existió en ese país y estaba firmado por un director general, persona que existió pero no con ese cargo ni con la firma que constaba en el documento.

Las pesquisas permitieron acreditar que se confeccionó un documento falso para crear un origen lícito para una escultura que no lo era, pues había sido sustraída del Museo Gebel Barkal en la República de Sudán, en la región de Karima. Además, se pudo averiguar que la escultura había sido objeto de varias transmisiones, y que el propietario más antiguo conocido de la pieza había fallecido hacía años.

La denuncia concluía que dicha entidad había sido estafada por el anticuario catalán y le exigía la devolución del precio de compra de la pieza de 100.000 euros. El investigado sería responsable de un delito de estafa agravada al recaer sobre bienes de patrimonio artístico, histórico y cultural, así como por superar la defraudación de los 50.000 euros por la venta.