La priora de Valldoreix firmó ilegalmente la venta del tesoro de Sijena

En la década de los setenta las monjas del Monasterio de Sijena se marchan al de Valldoreix, cerca de Barcelona. Su edificio necesita unas reformas y las hermanas deciden trasladarse temporalmente y depositar en el Museo Diocesano de Lleida parte de los objetos artísticos que cuidaban bajo sus paredes; el resto ya los había llevado su priora, doña Consuelo, unos años antes al MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) con el acuerdo de que este las devolvería en cuanto ellas los reclamasen.

Era algo temporal, una manera de mantener aquellos bienes a salvo mientras su monasterio era reformado y con la intención de que estos volviesen en cuanto sus paredes tuviesen capacidad de cobijarlos. Tal y como quedó reflejado en el documento que firmaron ambas instituciones, "ante una orden verbal los objetos se devolverían al citado cenobio aragonés".

Pero al poco de instalarse junto a las monjas de Valldoreix, que pertenecían a su misma congregación, estos depósitos (Lleida y MNAC) son analizados por María Inés, priora del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Valldoreix, que envía una carta al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sobre la importancia de los bienes de Sijena "pero en la que no alude a su origen histórico o catalogación", tal y como asegura el auto de la juez de instrucción de Huesca del 15 de abril de 2015.

Monumento Nacional y firma desde Valldoreix

Recurren a su catalogación porque los bienes de Sijena pertenecían al Estado desde 1923, cuando el monasterio donde se encontraban fue catalogado como Monumento Nacional, por lo que se necesitaba la autorización del Estado para cualquier compraventa de los mismos.

Sería en 1983 cuando, según aparece detallado en este auto judicial, se realiza un contrato privado de compraventa por parte de la secretaria general de cultura de la Generalitat y de la priora de Valldoreix, no la de Sijena, de la misma manera que en 1992 con el segundo lote y en 1993-1994 con el tercero; los tres con la firma de la priora doña Inés. "El obispo de Lleida a petición de la priora de Valldoreix interviene para que vendieran los bienes artísticos que estaban en depósito en Lérida", pidiendo permiso eclesiástico a la congregación correspondiente, sin tener en cuenta que estos no pertenecían a la misma.

Por la penuria económica y necesidad de realizar obras en el Monasterio de Valldoreix"

"No fue la priora de Sijena quien interesó dichas enajenaciones, pues quien las interesó y firmó fue la priora de Valldoreix sin jurisdicción sobre el Monasterio de Sijena", añade este auto. Además, aseguran en este documento que una de las razones que llevan a doña Inés a vender estos bienes es "la penuria económica y necesidad de realizar obras en el Monasterio de Valldoreix".

Por esto, porque doña Inés no tenía jurisprudencia sobre el Monasterio de Sijena, tan sólo sobre el catalán, y porque estos bienes pertenecían al Estado en el momento de su venta, la juez declaró nulo en 2015 este contrato y obligó a Cataluña a devolver el tesoro de Sijena a Aragón.

Disputas políticas

El pasado lunes 11 de diciembre los últimos bienes de Sijena fueron devueltos por el Museo Diocesano de Lleida a Aragón, a falta de La Inmaculada, una pieza del siglo XVIII que la institución había extraviado y de la que desconoce su localización. Desde hace varios meses, este caso se ha convertido en una causa asumida por lo independentistas, siendo Arran, juventudes de la CUP, unos de los más involucrados a través de manifestaciones.

También en una disputa entre los líderes políticos de Cataluña, ya que el traslado ha sido posible gracias a la aplicación del artículo 155 que le daba las competencias culturales de la Generalitat a Íñigo Méndez de Vigo. Los independentistas están en contra de la devolución de estos bienes, mientras que los constitucionalistas se han posicionado a favor.

Un caso curioso es el de Miquel Iceta. El líder del PSC tachó como “error” la decisión de trasladar las obras de arte sacro en litigio sin que se haya producido una resolución judicial definitiva, pero ha intentado desvincular la medida de la aplicación del 155. “Uno se puede leer los decretos del Gobierno (tras el 155) y Sijena, arte o Lleida no salen, no tiene que ver una cosa con otra”, defendió el candidato socialista; es “un ejemplo más de que cuando se judicializan algunas cuestiones, los políticos perdemos capacidad de incidencia sobre los temas”.