La respuesta de la reina Isabel II ha sido rápida y contundente. En un comunicado emitido ayer por la tarde por el palacio de Buckingham, se hacía público que la soberana había tomado una decisión tajante: después de conocer las últimas noticias sobre los problemas judiciales de su tercer hijo, el príncipe Andrés, duque de York, la monarca ha decidido retirarle todos los títulos honoríficos a su hijo (incluido el tratamiento de Alteza Real). Ya no podrá participar en ningún acto público de la familia real, ni tampoco la Casa Real británica pagará ni una sola libra para su defensa judicial. 

En otras palabras, Isabel II expulsó ayer por la tarde a su hijo —de 61 años y dicen que su favorito— de la Familia Real británica.

En el año 2019, después de que se hicieran públicas las presuntas implicaciones del príncipe Andrés en la red de pederastia y abusos sexuales relacionados con el caso Epstein, Buckingham ya anunció que el príncipe ya no participaría en actos públicos, lo que incluía eventos militares. Sin embargo, seguía manteniendo sus títulos honoríficos de ocho regimientos, entre los que estaba el de comandante de la Guardia de Granaderos, una de las unidades con más prestigio del país y también uno de los más antiguos (el título había pertenecido anteriormente a su padre, el duque de Edimburgo, de quien lo heredó Andrés). 

Los otros títulos son: comandante honorario de la RAF Lossiemouth, coronel en jefe del Royal Irish Regiment, coronel en jefe del Small Arms School Corps, comodoro en jefe del Fleet Air Arm, coronel de los Royal HIghland Fusiliers, segundo coronel de los Royal Lancers y coronel del Royal Regiment of Scotland. 

Una decisión drástica y con muy pocos precedentes

Ayer por a tarde, tras hacerse público que un juez de Nueva York había desestimado la petición del príncipe Andrés para sobreseer un caso que le acusaba de pederastia y abuso sexual, más de 150 militares de dichos regimientos escribieron una carta conjunta a la reina Isabel II exigiéndole que retirase a su hijo los títulos mencionados. En la misiva se dejaba claro que los militares sentían “disgusto y enfado”. “Los oficiales de las Fuerzas Armadas Británicas deben seguir los mayores estándares de probidad, honestidad y honor”, argüían. “Son unos estándares de los cuales el príncipe Andrés se ha quedado muy corto”. 

Frente a semejante misiva, el palacio de Buckingham, que anteayer por la tarde se negó a comentar nada alegando que había una “causa judicial en curso”, ha tenido que mover ficha. La opinión pública, además, se ha mostrado claramente hostil al conocer que un miembro de la Familia Real ha supuestamente participado en crímenes y que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para presuntamente negarlo u ocultarlo. 

La drástica decisión de la Casa Real de retirarle a Andrés todos sus títulos—conocida y aprobada por la Reina, como se leía en el comunicado—, tiene poco precedentes. Andrés se acaba de convertir en el quinto royal que pierde el tratamiento de Alteza Real, seguramente el verdadero símbolo de pertenecer a la realeza (en Inglaterra se otorga en muy pocos casos, básicamente a hijos y nietos de un monarca y a algunos nietos del príncipe de Gales). Antes que él, perdieron el tratamiento de HRH, como se le conoce en la jerga de palacio (por Her/His Royal Highness) la princesa de Diana de Gales (después de su divorcio); Sarah, duquesa de York y exmujer de Andrés (también por su divorcio); y Meghan y Harry, los cuales renunciaron voluntariamente a usarlo tras su salida oficial de la Familia Real. 

No hay duda de que al príncipe Andrés la noticia le debe haber sentado muy mal. Ayer por la mañana se le vio salir en un Range Rover de su casa en Windsor Great Park y su cara dejaba claro que estaba claramente angustiado. 

Motivos, desde luego, tiene. Anteayer recibió un severo varapalo judicial cuando el juez de Nueva York Lewis A. Kaplan decidió no admitir la petición que habían hecho los abogados de Andrés para que desestimara el caso presentado por Virginia Roberts Giuffree contra el príncipe por daño emocional causado por los abusos sexuales que él, presuntamente, le infringió en el 2001.

Una acusación que viene de lejos

El origen de semejante pesadilla se remonta, presuntamente, a años atrás, cuando Giuffre, menor de edad por entonces, formaba parte de la red de tráfico humano del financiero y pederasta Jeffrey Epstein y de su madame Ghislaine Maxwell. Según siempre ha defendido Giuffre, fueron ellos quienes la obligaron a tener relaciones sexuales con el duque de York. En concreto, ella ha asegurado que fue en tres ocasiones en el 2001: una vez habría sido en la casa de Londres de Ghislaine Maxwell, otra en la casa de Epstein en Manhattan y la tercera, en la casa (también de Epstein) en Little St. James, en las Islas Vírgenes. Por aquel entonces, él tenía 41 años; ella, 17. Virginia Roberts Giuffre siempre ha aseverado que el príncipe Andrés sabía perfectamente que ella era menor de edad y víctima de tráfico sexual. 

El príncipe Andrés, sin embargo, siempre ha negado tajantemente estas acusaciones. En una entrevista al programa Newsnight, de la BBC, en el 2019, dijo explícitamente: “No sucedió. Puedo absoluta y categóricamente decir que nunca pasó. No me acuerdo siquiera de haber conocido a esta señora. No me acuerdo para nada”. Andrés, además, siempre ha dicho que aquella noche en que supuestamente él abusó sexualmente de Giuffre en Londres, él en realidad estaba con su hija mayor, la princesa Beatriz de York, en un Pizza Express en la localidad de Woking. 

Pero el tema no se queda ahí. Giuffre, que siempre ha alegado que Epstein y Maxwell abusaron sexualmente de ella, llegó a un acuerdo en el 2009 con Jeffrey Epstein por el cual se blindaba judicialmente no sólo a Epstein, sino a “segundas partes” y a “cualquier otra persona que podría ser incluido como potencial acusado” en futuras acciones legales. El contenido íntegro de dicho acuerdo, de doce páginas en total, se hizo público el 3 de enero de este año y por ello sabemos que Giuffre recibió al parecer 500.000 dólares (unos 420.000 euros aproximadamente) de Epstein por su silencio. 

Es este documento, precisamente, fue en el que se escudó Andrew Brettler, el abogado del príncipe Andrés, para pedir la desestimación de la demanda de Giuffre contra él. Pero el juez de Nueva York que instruye el caso rechazó la propuesta alegando que en ningún lugar del acuerdo salía expresamente el nombre del príncipe Andrés, por lo que el pacto no lo protegía. 

Después de esta decisión del juez Kaplan, la demanda sigue ahora adelante y el príncipe tendrá que participar seguramente en un juicio o llegar a un acuerdo económico. Mark Stephen, un experto en derecho constitucional consultado por el tabloide británico DailyMail, especuló con las cantidades que, si realmente se pensaba en un acuerdo, podían barajarse. Según él, se podría llegar a una cifra de 5 a 10 millones de dólares. 

Una dura y carísima batalla judicial

Según la prensa británica, si no se llega a un acuerdo, el príncipe Andrés se enfrenta a un juicio civil, seguramente en unos nueve meses, sobre el mes de septiembre, a lo más tardar en diciembre. Lo más probable es que el hijo de la reina Isabel II tenga que ser interrogado por los abogados de Giuffre en Londres, un interrogatorio que podría ser grabado y emitido en la sede del tribunal de Nueva York. Sin embargo, dado que la demanda es civil y no penal, y que estamos hablando de jurisdicciones distintas, algunos expertos aseguran que el príncipe no tendría que aportar evidencias para defender su inocencia. Tampoco podrá ser obligado a ser aparecer físicamente en la Corte de Nueva York, dado que la ley británica no contempla que ciudadanos del Reino Unido sean extraditados a Estados Unidos por temas civiles. 

Sin embargo, se espera una dura batalla judicial. También, una muy cara. En el comunicado emitido ayer por Buckingham se dejó claro que palacio no iba a pagar ni una libra en la defensa del príncipe Andrés. De hecho, se sabe que el príncipe Andrés está en estos momentos intentando vender un chalet que tiene con su ex-mujer, Sarah Ferguson, en Verbier, en Suiza, para costear las elevadas facturas. El DailyMail ya ha avanzado que por la compra de dicho inmueble el duque podría pedir unos 17 millones de libras esterlinas. 
Tampoco hay que pasar por alto la factura en términos de reputación para la familia real. Justamente en un año en que la reina, actualmente de 95 años, va a celebrar su Jubileo de Platino o, dicho de otro modo, sus setenta años en el trono, un hito que ningún otro monarca de Inglaterra había logrado. Buckingham teme un juicio increíblemente mediático donde figuras destacadas de la familia real sean obligadas a declarar como testigos. David Boies, el abogado de Giuffre, ya ha insinuado que podría hacer sentarse en el banquillo al príncipe Carlos, Meghan Markle, Sarah Ferguson o la princesa Beatriz de York.