En los últimos días, la Biblioteca Nacional de España (BNE) está siendo noticia por razones que no aluden precisamente a su papel como conservadora del rico e inmenso patrimonio bibliográfico y documental del país. Una información diametralmente opuesta a su prestigio ha saltado a los periódicos y televisiones para denunciar la injusta situación que viven aquellos que trabajan en los servicios de limpieza de esta importante institución cultural. Y es que el pasado 22 de noviembre las trabajadoras de limpieza de la Biblioteca Nacional dijeron basta y decidieron ir a la huelga.
Al principio empezaron con concentraciones en la puerta de la Biblioteca, usando media hora de su desayuno para protestar, al ver que nada cambiaba, pasaron al siguiente nivel. Una medida drástica tras más de tres meses sin cobrar, un año lleno de irregularidades en sus nóminas, la pérdida total de la confianza y una situación laboral y económica totalmente insostenible.
DLR, empresa responsable de esta coyuntura, es la adjudicataria de servicios de limpieza de centros como la Biblioteca Nacional, el Área de Gobierno de Familias, la Fundación Parque Científico de Madrid, Dependencias Municipales de Torrelodones, IAM Informática del Ayuntamiento de Madrid. Las empleadas de limpieza de la empresa, en su mayoría mujeres, llevan, en el caso de algunos centros, más de tres meses sin cobrar, estando algunas trabajadoras al borde del desahucio.
Sonia Ortiz lleva 27 años trabajando en la limpieza y desde 2010 en la BNE. Ha tenido malas experiencias en un sector tan ligado a la precariedad pero nunca ha vivido algo tan parecido a una "pesadilla" como lo que está ocurriendo con DLR. Ahora sólo quiere que esta empresa se vaya y que "las administraciones sean conscientes de que esto no puede volver a pasar".
Según cuenta a El Independiente, DLR entró en el concurso público con un presupuesto de 300.000 mil euros menos que su competidora principal. En junio de 2021, tras la primera adjudicación, la segunda compañía que optaba a esta concesión impugnó el resultado. El proceso de elección se paralizó, pero en octubre de ese mismo año DLR volvió a ser la elegida. Desde entonces, nunca han pagado en tiempo y forma: "De las 13 nóminas, solo 3 han llegado a tiempo. La última nómina de agosto la cobramos el 8 de noviembre y no tenemos esperanzas de cobrar hasta que no se vayan y venga la nueva empresa que se va a hacer cargo, Tragsa".
Sonia explica que no es la primera vez que ocurre algo parecido en la BNE. En el 2017 ya tuvieron problemas con una empresa que dejó de pagar, pero al ir a concurso de acreedores, Fogasa pudo pagarles los meses que les debían. "Pensamos que van a declararse en quiebra, porque se están yendo de todas las administraciones públicas, no creemos que paguen nada y el límite de nóminas que cubre Fogasa son cuatro y van camino de cinco, por lo que mínimo una no la vamos a cobrar".
Por otra parte, Jesús Rodríguez, portavoz de UGT de la Biblioteca Nacional, afirma que, tal y como van las cosas, "Tragsa se haría cargo del servicio a partir del 1 de enero, por lo que los empleados no cobrarían su primera nómina hasta finales de ese mes. Damos por hecho que nos esperan unas navidades muy jodidas". Después de conseguir que DLR renuncie al contrato que terminaba en octubre del año que viene, la incertidumbre sigue marcando el futuro de los empleados de la Biblioteca.
Por no haber no hay ni papel higiénico
Sonia Ortiz, trabajadora de limpieza de la BNE
Rodríguez achaca el origen de este tipo de situaciones a la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a la administración a coger la oferta económica más barata, siempre y cuando no sea una baja temeraria. "El problema es que se cree que van a poder hacerlo con ese precio y al final acaban pagando los empleados, la empresa decide entre dar servicio o pagar a sus trabajadores, eligió lo primero y ahora ya ni lo primero ni lo segundo".
Sonia relata que ya no hay dinero ni para materiales de limpieza, "por no haber no hay ni papel higiénico, ¿quién va a traer materiales sabiendo que no va a cobrar? Eso es lo que menos me importa, yo tengo que ir a trabajar, limpiaré con agua y ya está".
El portavoz de UGT explica cómo DLR tiene "atados" a sus empleados trabajando sin cobrar y sin una salida accesible a esta situación. "La empresa es un poco 'lista', en el mal sentido de la palabra, si tú como trabajador quieres renunciar con derecho a paro, tienes que reunir una serie de condiciones. Una de ellas es llevar cuatro meses sin cobrar y otra es haber recibido el pago de las nóminas fuera de plazo al menos en las últimas 11 nóminas consecutivas. DLR se ha cuidado mucho en hacer esto bien, pagando al menos una de ellas correctamente. Atan de muy mala manera a un personal que ya de por sí es vulnerable, por el sueldo y por la situación personal".
Damos por hecho que nos esperan unas navidades muy jodidas
Jesús Rodríguez, portavoz de UGT de la Biblioteca Nacional
Sonia se refiere a ellos como unos "auténticos déspotas". Al hecho de que las trabajadoras están sin cobrar, hay que sumarle al menos cinco bajas sin cubrir. "Estamos trabajando el doble y sin cobrar, lo único que queremos es que se vayan, que esto acabe ya, porque es una pesadilla".
Jesús Rodríguez habla de un ambiente laboral muy triste. "Hay compañeras que son inmigrantes, que apenas tienen ningún tipo de ayuda familiar. Al final, al ser personal subrogado, la mayoría llevan muchos años trabajando con nosotros y hay lazos más allá de los profesionales. Por eso, entre todos la gente está ayudando con comida, aportando lo que cada uno pueda".
Situaciones límite con préstamos y desahucios
Hay empleados que han tenido que pedir préstamos, mientras siguen trabajando, al menos dos de ellos están a punto de ser desahuciados. "Tuvimos una reunión con ellos antes de que empezásemos con los paros y nosotros les dijimos que lo único que queríamos era que nos pagasen todo y se fueran. Como no hemos llegado a ningún acuerdo y después de tanta presión, han decidido irse", cuenta su trabajadora.
Ambos coinciden en que lo más grave es que esto ocurra en una administración. Al contrario que otras instituciones, la Biblioteca continúa pagando todos los meses a DLR para que no haya justificación alguna que les redima de pagar las nóminas, por lo que no se trata de una empresa privada sin ingresos. "Nos sentimos bastante arropados por la Biblioteca, desde el principio se han puesto las pilas y van a intentar que esto no vuelva a pasar", afirma Ortiz.
El trato desde la subcontrata ha sido radicalmente opuesto, han cerrado su página web, nadie contesta al teléfono y cuando los trabajadores han ido para hablar de su situación se les ha prohibido el paso e incluso se ha llamado a la Policía para evitar su entrada.
"Hipotéticamente, malpensamos que el dinero que debería ir a pagar nuestras nominas va a financiar Grupo Decisión Media", un grupo mediático fundado por el dueño de la empresa, Ángel de la Rúa Ruiz, creado justo cuando se agudizaron los problemas con los cobros. Los empleados de la BNE afirman que se trata de un medio ligado a Vox que no vive de la publicidad, "si unes hilos, te haces una idea de dónde pueden estar sacando la financiación".
No sólo la Biblioteca Nacional
El agujero administrativo que deja DLR no se limita a la Biblioteca Nacional. Laura Romero es delegada de personal del Área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social y trabaja en centros del Ayuntamiento cuyos servicios también fueron a parar al grupo DLR. "Desde el principio nos acostumbró a pagar tarde y mal", relata.
Agosto fue el último mes que cobraron y con un mes de retraso. Desde la empresa se han negado a dar ninguna respuesta e incluso Laura afirma que han llegado a amenazarla por "avasallarles". Su situación, como la de tantas otras es muy delicada, es madre soltera y estos meses subsiste gracias a la ayuda de sus padres. Ahora mismo está de baja por ansiedad, pero no por ello ha dejado de presionar para que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto y asegurase sus sueldos.
Esto demuestra que lo de la Biblioteca Nacional no se trata de un asunto aislado. El modus operandi de DLR se repite en todas aquellas adjudicaciones que ostentan y en el momento en el que han visto amenazada su continuidad, han cortado todo tipo de comunicación y han desaparecido.
Igual que los trabajadores de la BNE, los del Ayuntamiento también llevan entre tres y cuatro meses sin cobrar. En este caso, no se les va a renovar la concesión y el 31 de diciembre es su último día. A partir del 1 de enero, sus trabajadores esperan cumplir con el lema de "año nuevo, vida nueva". Un mantra que funciona como la única esperanza para unas personas que tienen que lidiar, en plena Navidad, con la impotencia de trabajar paradójicamente amparados por la administración pública y sin un sueldo.
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