Este miércoles, las organizaciones de autores y editores franceses han anunciado una demanda judicial contra Meta por violación de derechos de autor a través del uso de sus obras para entrenar a su modelo de IA generativa. Según anunciaron en un comunicado conjunto el Sindicato Nacional de la Edición (SNE), la Sociedad de Gentes de Letras (SGL) y el Sindicato Nacional de Autores y Compositores (SNAC), el gigante tecnológico estadounidense propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp utiliza "de forma masiva obras protegidas por derechos y sin autorización de sus autores y editores".

La decisión tiene lugar después de constatar "la presencia de numerosas obras publicadas por miembros del Sindicato Nacional de la Edición entre los corpus de datos utilizados por Meta". El objetivo de la demanda ante el Tribunal de París es proteger al sector "de los peligros de la IA, que saquea sus obras y el patrimonio cultural para entrenarse y producir 'libros falsos' que entran en competencia con los auténticos libros de autor", afirma el presidente del SNAC, François Peyrony.

Las tres organizaciones indican que esta acción legal está amparada por "un contexto de regulación a nivel europeo". El reglamento sobre inteligencia artificial (AI Act) insiste en la "necesidad" de que los creadores de soluciones con esta tecnología respeten los derechos de autor y garanticen la transparencia de las fuentes utilizada para desarrollar sus modelos.

Hechos consumados

La preocupación de los autores y editores franceses es compartida por sus colegas de todo el mundo. También los españoles, que no descartan acciones legales equivalentes. Así lo ha confirmado a El Independiente Jorge Corrales, director general del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). Esta asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras es la entidad encargada de velar en nuestro país por sus derechos en materia de propiedad intelectual.

"Nuestro mandato no ha cambiado: defendemos los derechos de autor. Tenemos trazada una estrategia y la estamos construyendo. No hacerlo sería una dejación de nuestras funciones. Pero la presentación de una demanda requiere de indicios", explica Corrales sin cerrarse a esa opción. Lo que en cualquier caso no se plantean es "no hacer nada".

El responsable de CEDRO asegura que llevan "más de nueve meses" estableciendo contacto con las empresas que están desarrollando este tipo de tecnología e invitándoles a establecer algún tipo de diálogo. El resultado ha sido cercano a cero. Unas se amparan en la tutela de la empresa matriz en Estados Unidos. Otras simplemente tiran balones fuera.

En enero, CEDRO solicitó a Common Crawl, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la creación y el mantenimiento de un repositorio abierto de contenido digital extraído de la web, la retirada de las publicaciones de prensa del repertorio de CEDRO incluidos en su base de datos, y que en muchas ocasiones son utilizados para el desarrollo de modelos de IA generativa.

Desde la asociación perseveran en "andar este camino" de interlocución, como lo hicieron antes para conseguir un marco regulatorio para medios y editores en internet. Pero conscientes de que el actual escenario se parece mucho al de los primeros 2000, cuando después de generalizarse "un uso sin autorización" de materiales protegidos por derechos de autor "se intenta imponer una situación por la vía de los hechos" consumados. Corrales pone un ejemplo: cuando los usuarios compartimos con nuestro chatbot favorito el PDF de un libro para que nos haga un resumen, estamos alimentando la IA con material protegido "para copiar o hacer plagios, que también los hace".

Inacción política

Y todo esto ante la "permisividad" y la "tibieza" de los poderes públicos, tanto en España –ministerios de Cultura y Transformación Digital– como en la UE. "El reglamento europeo es muy etéreo y las obligaciones que se imponen a las grandes empresas tecnológicas son muy inconcretas". Menos rigurosas, por ejemplo, que la regulación digital norteamericana de 1998, que ya hacía responsables a las compañías si se demostraba que habían obtenido un beneficio económico directo de la propiedad de terceros.

La Comisión Europea acaba de presentar un tercer borrador del Código de Buenas Prácticas de IA discutido por numerosos agentes del sector en toda la UE, que consideran que "favorece el expolio" por parte de las tecnológicas.

En cualquier caso, desde CEDRO consideran que el problema no es tanto de regulación como de fragmentación del mercado y de convencimiento político. Como ejemplo de buenas prácticas citan el caso de Dinamarca. Su gobierno "tiene una visión muy clara de lo que está pasando. Hay un convencimiento en bloque de los problemas que genera la IA y de la importancia para el bien común de una industria cultural sostenible. Saben que garantizar la existencia de contenidos de calidad es una cuestión de salud democrática, y están siendo los abanderados a la hora de abrir los ojos y proponer una regulación que logre un equilibrio sostenible con las tecnológicas".

Corrales tiene claro que ha de buscarse una solución "transversal" al impacto de la IA y a "casos todavía abiertos del pasado" en el entorno digital. Y que dicha solución debe pasar por "una distribución de ingresos que dé al sector cultural un marco de regeneración sostenible. Que autores y editores puedan disfrutar de una pata que les permita sostener su actividad frente a un modelo extractivo. Si no, te cargas el sector. Directa o indirectamente".