El 14 de abril de 2021 el Colegio de Arqueólogos de Madrid solicitó al gobierno regional que declarara el yacimiento romano de Carabanchel como Bien de Interés Cultural (BIC). La zona, ubicada entre el parque Eugenia de Montijo, la antigua cárcel franquista y la ermita de Santa María La Antigua (el centro mudéjar más antiguo de la región), se compone de unas 80 hectáreas de extensión, pero es, sin embargo, bastante desconocida para los madrileños. El motivo lo explica Carlos Caballero, portavoz del colegio, que considera que apenas se ha excavado el 10% del yacimiento y que no fue hasta el año pasado cuando gracias a una intervención se comenzó a valorar su "verdadera importancia".

Se trata de un lugar, además, muy especial por dos motivos, según el arqueólogo. Por un lado, porque en el centro de la península no es habitual encontrar yacimientos romanos de estas proporciones. Y por otro, porque la zona ha sido de "uso prolongado" desde el siglo 4 a.C. Es decir, que salvo un breve periodo en la Edad Media, siempre ha habido gente instalada y actividad. 

Casi dos años después de la petición, la Comunidad de Madrid ha rechazado la propuesta. Según explican los propios arqueólogos, basan su decisión de no declarar el lugar como BIC en cuatro cuestiones. Primero, que la superficie es demasiado extensa. Segundo, que la zona está muy afectada por la urbanización. Tercero, que la delimitación del yacimiento está basada en materiales descontextualizados, muchos de ellos perdidos desde hace largo tiempo. Y por último, desde el gobierno regional consideran que el lugar ya está protegido como "yacimiento inventariado" en algunas zonas.

Unos argumentos que los arqueólogos rechazan frontalmente. "En la propia ciudad de Madrid existen BICs mucho más extensos, como el Recinto Histórico de la Villa de Madrid, la Casa de Campo o, especialmente, las Terrazas del Manzanares. Y también tenemos BICs tanto o más urbanizados que éste, y en ellos se siguen produciendo actuaciones urbanísticas, como las proyectadas para ambos márgenes de la curva del río donde antes se ubicaba el estadio Vicente Calderón", explican desde el Colegio de Arqueólogos.

Añaden, además, que la Comunidad tampoco ha valorado que los materiales que delimitan el yacimiento, independientemente de que estén ahora perdidos y de la metodología usada para su localización, formaron parte de éste y acreditaron su existencia y sus límites desde 1907. A pesar de ello, y de que consideran que Carabanchel tiene una "enorme conciencia" sobre su patrimonio, los arqueólogos aseguran que la situación "no tiene más recorrido". Desde el punto de vista administrativo, ya está todo cerrado. 

Historia del yacimiento

Según explica Caballero, las primeras noticias del lugar llegaron en 1819, a partir del hallazgo de un mosaico romano que hoy se expone en el Museo de San Isidro, pero que durante un periodo sirvió como atracción turística para los nobles que visitaban Carabanchel. A partir de entonces, se comenzaron a producir otros hallazgos en torno a la Ermita de Santa María La Antigua, que se encuentra en el centro del yacimiento.

Ya en el siglo XIX se comienzan a realizar publicaciones, científicas y no tanto, sobre la zona, y a estudiar más los materiales, que van desde la época de los carpetanos hasta la actualidad. Durante la construcción de la estación de metro Eugenia de Montijo, a finales del siglo XX, se descubrieron más restos. Y en 2005 el proyecto urbanístico que contemplaba la prolongación de la Vía carpetana puso la guinda. Una movilización vecinal paró aquella obra, los arqueólogos comenzaron a estudiarla más en profundidad y llegaron a hacer la petición para declararla como BIC. 

"Las excavaciones han encontrado presencia carpetana, que es anterior a los romanos, y también estructuras romanas diversas. Sobre el carácter del yacimiento se ha debatido mucho. En un primer momento se pensó que era una villa romana, pero parece que es más grande que una villa habitual. Quizás sean dos villas romanas muy juntas, pero no tenemos datos suficientes", afirma Caballero, que explica que todo lo descubierto hasta el momento se debe a las obras civiles en la zona y a una intervención que hizo Instituciones Penitenciarias, la propietaria del terreno, en 2022. 

"Se considera protegido el cementerio, la franja de terreno que se excavó en 2005 y lo que se excavó el año pasado en la cárcel. Pero nosotros argumentamos que el yacimiento es más grande. Ahora está protegido más o menos la mitad de lo que nosotros consideramos que es. Si la Comunidad lo hubiera declarado como BIC se hubiera realizado una intervención arqueológica en cada punto del yacimiento donde hubiera habido movimiento de tierras, y no únicamente en las zonas que la Comunidad cataloga como yacimientos inventariados. Esto significa que si ahora se producen obras allí, por ejemplo para hacer una zanja o un garaje en la zona donde se descubrió el mosaico y los primeros hallazgos, no se contaría con un seguimiento arqueológico", resume Caballero.

La ley de Patrimonio Histórico dice que si se encuentran hallazgos durante una obra el promotor debería comunicarlo a la Comunidad, que establecería qué acciones realizar. Lo que deja en manos de gente que quizás sea "ignorante en el tema" la decisión de paralizar la obra y dar el aviso o continuar adelante y perder los restos.