Un tribunal reabre el caso Funnydent al apreciar indicios de estafa

Al dueño de las clínicas Funnydent, Cristóbal López Vivar, que en enero de 2016 se fugó dejando cerradas las nueve clínicas dentales, se le complican las cosas ahora que se encuentra de nuevo "buscando socios o inversores para montar una clínica dental por toda España". La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente los recursos de un grupo de afectados por el cierre de las clínicas, que en febrero de 2017 un juzgado de primera instancia de Navalcarnero archivó por considerarlo un "episodio de mala gestión" pero exento "irregularidad que pueda ser penalmente reprochable".

Ahora, la Audiencia Provincial manifiesta en un auto, fechado el 19 de abril de 2018, que  "discrepa de las conclusiones alcanzadas" por la juez instructora. En el documento, el Tribunal especifica que el hecho de que las cuentas bancarias vinculadas a López Vivar presentaran saldos negativos o a cero antes del cierre o que se derivara a diversos pacientes a otras clínicas no "determina la inexistencia de indicios del delito denunciado".

El auto, que ordena la reapertura del caso para su investigación como estafa, explica que el informe en que se basó la anterior resolución es de "apenas folio y medio" y que aunque "no detecta movimientos extraños o irregularidades" en las cuentas o por parte de López Vivar, también dice que la Administración judicial "no ha tenido acceso a toda la información contable y financiera". Hace referencia el documento de la Audiencia a que "no deja de resultar curioso" que López Vivar denunciara en la Guardia Civil de Navalcarnero, 11 días antes del "cierre abrupto", el robo de material informático que contenía los servidores y programas contables.

Cabe recordar que el cierre de las nueve clínicas (situadas en Madrid y Barcelona) de un día para otro dejó tirados a 2.481 pacientes con tratamientos financiados de hasta 12.000 euros. La presunta estafa, que se desestimó en primera instancia, podría ascender a 8,8 millones de euros entre todos los pacientes.

La Audiencia también se pregunta que a pesar de la situación deudora que ya mantenía la clínica meses antes del cierre, "se aperturan nuevos centros" capturando clientela, por lo que dice que se hace preciso "indagar sobre el destino dado por el investigado a las cantidades en efectivo entregadas por los clientes o adelantadas por las entidades financieras que ni siquiera parece que hayan sido aplicadas a sufragar la ingente cantidad de deudas pendientes".

El auto desestima sin embargo la solicitud de los afectados de ser reconocidos por médico forense para que examine y determine daños o lesiones, ya que "de existir, los mismos no se derivarían de la estafa que se investiga y la causa no se sigue por una mala praxis de los profesionales".