Justo seis años después de que el Gobierno aprobara el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy "La receta equivocada", un informe en el que denuncia el impacto de los recortes a la Sanidad Pública aplicados desde el inicio de la crisis. Unas medidas que se han cebado con "las personas económicamente más vulnerables y marginadas", ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora del secretariado internacional de AI sobre derecho a la salud.
Listas de espera que casi se duplicaron entre 2010 y 2016 (de 65 a 115 días), un recorte en el gasto que llegó al 12,7% en su pico de 2013 respecto a 2009 o un aumento del copago que ha llegado al 20% son algunas de las medidas que denuncia el informe y que, como ha declarado Ambast, autora del informe, suponen que "las medidas de austeridad han sido incompatibles con el derecho a la salud". "Estas medidas se implantaron encima en un momento de crisis donde la situación de muchas personas empeoró. Cuando se hubiera necesitado más apoyo, se hizo lo contrario", ha añadido.
"La receta equivocada" es un informe cualitativo, que la organización ha realizado a partir de 243 entrevistas en Andalucía y Galicia a usuarios de la Sanidad, profesionales sanitarios, activistas y expertos en Salud Pública. "Consultamos con distintas personas y quisimos contactar con las personas más afectadas por los recortes. En Andalucía había un menor gasto per cápita en Salud y en Galicia, un mayor porcentaje de concentración de grupos afectados, como pensionistas y personas con rentas bajas", ha explicado Ambast.
"El Real Decreto fue de una crueldad insensata", ha afirmado Jesús Sueiro, médico de familia y presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, "Se han hecho recortes ciegos, nosotros sabemos que el sistema se puede optimizar, pero no cómo se ha hecho. Como dice otro médico, no puede ser que el código postal influya más en la salud que el código genético".
Diez meses para ir al especialista
El informe denuncia que las listas de espera casi se duplicaron entre 2010 y 2016, de 65 a 115 días. Una espera media que en los últimos informes se ha reducido a 104 días pero que aún queda muy lejos de los niveles precrisis. Para una mujer de 49 años con una enfermedad ósea degenerativa, la espera llegaba a 10 meses. Según explica el informe, cuando en agosto de 2017 acudió al médico por dolor en la pierna, la primera cita que le ofrecieron para el especialista era para junio de 2018.
Álvaro González, enfermo de hemofilia que también ha estado en la presentación, ha denunciado que "con los recortes se desmanteló la Unidad de Hemofilia del Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla, que se suponía que era la referencia en Andalucía". Para este enfermo el hospital es su "segunda casa, a veces la primera, una necesidad básica" y cuando empeora la calidad le afecta "a la calidad de vida". Para este paciente, además, la alternativa privada no lo es en ningún sentido: "Yo de la Sanidad privada me río, a mí nadie me hace un seguro por ser hemofílico".
"Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar", afirma una pensionista entrevistada para el informe. No es la única, también una enferma de cáncer de mama con metástasis que, denuncia, a veces tiene que elegir entre comprar medicamentos o sujetadores especiales que son los únicos compatibles con su prótesis mamaria.
28.500 trabajadores menos en el SNS entre 2012 y 2014
El informe denuncia también el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados del Sistema Nacional de Salud, cuya plantilla se redujo en 28.500 personas entre 2012 y 2014. Los profesionales han denunciado para este informe presiones "cada vez mayores para cumplir los complementos económicos que limitan, por ejemplo, la cantidad de tiempo que deben dedicar a cada paciente", denuncia.
"Los trabajadores se sienten impotentes, explotados y desilusionados con el sistema"
"A todos los trabajadores de la Salud con los que hablamos les preocupaba no poder hacer más por sus pacientes. El agotamiento, los complementos económicos de rendimiento y una carga de trabajo insostenible están afectando a la capacidad del personal sanitario de proporcionar la mejor atención posible. Se sienten impotentes, explotados y desilusionados con el sistema", ha dicho Ambast.
El informe denuncia también el deterioro de la calidad de los servicios y materiales utilizados, como por ejemplo en las agujas para pruebas de diabetes o incluso en el sistema de frenos de las sillas de ruedas.
Peticiones al Gobierno, CCAA y Europa
A la situación que exponen, la ONG añade reivindicaciones que dirigen a todas las instancias públicas implicadas. Piden al Gobierno que tome "medidas inmediatas para reformar el Real Decreto 16/2012 y garantizar que todas las personas tienen acceso a una atención sanitaria de buena calidad".
Además, piden a las comunidades autónomas que den prioridad a los presupuestos sanitarios y que tomen medidas urgentes para reducir los tiempos de espera o llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas que se apliquen, entre otras.
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