Todos los partidos menos el PP quieren la medalla de la eutanasia

Los diputados más veteranos han visto cómo el debate sobre la eutanasia llegaba al Congreso de los Diputados en más de una decena de ocasiones. Y también cómo salía, con las mismas, sin haberse regulado. En España, colaborar con la muerte de otra persona (el suicidio asistido) está tipificado en el Código Penal desde 1995 con sanciones que llegan a los 10 años de prisión.

Más consenso ha mostrado la sociedad sobre este asunto. Ya en 2009, una encuesta del CIS reveló que seis de cada 10 españoles estaban a favor de regular la eutanasia con “total seguridad”. En el caso de personas que padeciesen gran sufrimiento y tuvieran cerca la muerte, el apoyo a que los médicos pudieran poner fin a su vida llegaba al 70% de los votantes del PP y casi un 90% entre los del PSOE e Izquierda Unida. También entre los católicos, una mayoría (el 60%) estaba a favor.

La eutanasia ha gozado de un mayor consenso entre la sociedad que entre los políticos.

Los únicos avances se han producido en los últimos años para los casos en los que la cercanía a la muerte se considera inminente. La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 introdujo el derecho a no recibir un tratamiento y desde aquel momento nueve comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes de muerte digna, en la que se regulan los cuidados y las sedaciones paliativas que alivien el sufrimiento o aceleren el proceso de la muerte para quienes afrontan el final de forma irremediable.

Sin embargo, casi la mitad de las comunidades autónomas carecen siquiera de ese marco legal para los cuidados paliativos y en ningún caso se contempla la eutanasia activa. ¿Por qué? Para Fernando Marín, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid, “la muerte en España es un tabú y la muerte voluntaria lo es doblemente. Se ha marginado el debate”, opina, “y cuando se ha producido, todas las formaciones han querido sacar partido por encima de los intereses de los ciudadanos”.

La eutanasia se ha debatido en el Congreso en dos ocasiones en el último año.

Marín se refiere a todas las ocasiones en las que la eutanasia se ha debatido en el Congreso, por citar algunas fechas en 1995 (en la reforma del Código Penal), en 2002 y 2007 (a propuesta de IU) o dos veces sólo en el último año, primero a propuesta de Unidos Podemos y hace unos días, del PSOE.

La de 2017 fue una iniciativa de Podemos en el marco del debate de la Ley estatal de Muerte Digna promovida por Ciudadanos. La proposición fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular, de Ciudadanos (que apostaba por su propia legislación de muerte digna) y los del PSOE, que sin embargo acaban de presentar su propia ley – muy similar - hace apenas unos días.

La eutanasia vuelve al Congreso. Otra vez

Porque sólo unos meses después, la eutanasia vuelve de nuevo al Congreso. Los socialistas registraban hace unos días su proposición de ley, que apuesta por incluir la eutanasia como una prestación básica de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. "El proceso podrían solicitarlo personas con una enfermedad grave incurable o irreversible o personas con una discapacidad severa. Necesitarían un informe con dos opiniones y la valoración a través de una Comisión de Garantías de la Comunidad Autónoma. Todo el proceso no podría llevar más de 32 días", resume Luisa Carcedo, portavoz de  Sanidad del PSOE en el Congreso.

¿Por qué ha llegado ahora el momento para los socialistas? Por qué regular la eutanasia ahora y no hace unos meses - cuando lo propuso Podemos - es porque "en aquel momento se hizo en el contexto de la ley sobre muerte digna que había propuesto Ciudadanos y dijimos que no se pueden mezclar dos cuestiones diferentes. Esto no es un derecho estrictamente sanitario sino que es un derecho fundamental de la persona que decida que hasta aquí ha llegado su sufrimiento", añade la socialista.

En este sentido, el PSOE es uno de los partidos que este martes prevé votar a favor de la propuesta de despenalización de la eutanasia (en el Código Penal) que llega al Congreso a iniciativa del Parlamento Catalán. Esta otra propuesta de eutanasia, que no concreta el procedimiento sino sólo la despenalización, fue aprobada el pasado mes de julio en la cámara autonómica con el apoyo de Junts Pel Sí, el PSC, En Comú Podem y la CUP. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Es previsible que la votación salga ahora adelante, pues se prevén únicamente los votos en contra del PP y Ciudadanos aún no ha revelado su intención de voto.

El Partido Popular es el único que ha mostrado claramente su posición contra la eutanasia.

El Partido Popular es el único que ha mostrado claramente su posición contra la eutanasia. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, mostraba hace unos días el "rechazo rotundo" a una práctica que supone "la despenalización de la eutanasia, que está prohibida en este país, y un paso más serio que supone hacer de esta práctica un derecho reconocido, individual y financiado por el SNS". También la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha afirmado que "ni el PP ni el Gobierno de España defienden la eutanasia" y ha abogado por una estrategia estatal para abordar los cuidados paliativos y la muerte digna.

Para González, el rechazo de los socialistas a la propuesta que hace un año presentó Unidos Podemos forma parte de "una carrera entre los grupos de izquierda para llegar antes, más rápido y más allá" en materia de eutanasia.

Para C's, la 'muerte digna' cubre el 99,9% de los casos

Para la formación de Albert Rivera, precursora de la Ley de Muerte Digna que lleva meses de trámites en el Congreso (por falta de consenso respecto a algunos puntos como los relativos a las sanciones), el momento de regular la eutanasia aún no ha llegado porque su ley "cubre el 99,9% de los casos", según su portavoz de Sanidad en la cámara, Francisco Igea.

Igea cree que se trata por tanto de una cuestión de nomenclatura: "Sin ponerle un nombre concreto, queremos que todo el mundo sepa que con una enfermedad incurable no tiene que pasar ningún sufrimiento innecesario que no quiera padecer". Para Ciudadanos, "hasta el caso de Ramón Sampedro podría encajar en su ley de muerte digna "si se hubiera negado a la alimentación como tratamiento y se le hubiera proporcionado una sedación para aliviar el sufrimiento ocasionado". "De esta manera, además, evitamos que el paciente tenga que someterse a un proceso que alargue su sufrimiento, ya que en la propuesta de muerte digna no es necesario un comité médico ni cabe la objeción de conciencia", añade el portavoz de Ciudadanos.

Para los casos que quedan fuera, sin embargo, Igea reconoce que "no sabe cuál sería la posición de partida" pero "no se cierra al debate".

60.000 personas mueren cada año sin cuidados paliativos

La de Ciudadanos es la posición que comparte la Organización Médica Colegial (OMC), que aúna a la profesión médica española. El presidente del  Observatorio de Atención al final de la Vida, Marcos Gómez, explica que para su organización - impulsada por la OMC - "lo prioritario es aprobar la Ley de Muerte Digna, ya que hay 60.000 personas que mueren cada año con sufrimiento".

Los médicos denuncian que la mitad de enfermos que los requieren mueren sin cuidados paliativos avanzados

Según los datos que maneja la organización, en España cada año 120.000 enfermos terminales requieren de cuidados paliativos avanzados, pero sólo la mitad los recibe. "Hace falta que se apruebe la ley pero, sobre todo, que se cumpla rigurosamente. Que se dote a los hospitales de los recursos que se necesitan. Si la ley dice que las personas tienen derecho a morir en casa, hay que tener suficientes equipos de asistencia domiciliaria. Si la ley dice que el paciente tiene derecho a estar en una habitación solo en sus últimos momentos, los hospitales tienen que disponer de habitaciones individuales", afirma Gómez, que cree que incluso en las regiones donde hay actualmente aprobadas leyes de muerte digna hay problemas en su ejecución. Por ello, los médicos creen que esta ley básica de muerte digna es el primer paso es lo "realmente urgente".

Más de lo mismo para DMD

Poco avance ve, sin embargo, la asociación Derecho a Morir Dignamente en la ley impulsada por Ciudadanos. "Esta ley no cambia el código penal, añade muy poco respecto a la ley de autonomía del paciente y no va a cambiar lo que están haciendo las comunidades autónomas", afirma Marín.

La iniciativa del PSOE tiene, sin embargo, dos "pegas" para Derecho a Morir Dignamente.

El presidente de DMD Madrid afirma que es "bastante lamentable que el PSOE no apoyase el año pasado la propuesta de Podemos, sólo porque era de otro partido, y este año presenten otra muy similar". Sin embargo, Marín se alegra de que el debate vuelva al Congreso y espera que "salga adelante, sería el mejor homenaje a Luis Montes". El presidente de DMD, recientemente fallecido, fue investigado y retirado de su cargo por administrar sedaciones paliativas en el Hospital Severo Ochoa de  Madrid. Montes fue acusado de sedaciones irregulares, aunque el caso fue posteriormente sobreseído.

La iniciativa del PSOE tiene, sin embargo, dos "pegas" para DMD. "El control previo que proponen, con la opinión de un jurista, abre la puerta al boicot de la ley como ha pasado en hospitales que no practican abortos; por otro lado, la ley está demasiado condicionada al concepto de sufrimiento, que es muy subjetivo. Consideramos que la premisa debe ser que la vida se haya deteriorado de forma importante e irreversible o que haya un pronóstico del fallecimiento a corto plazo", explica Marín.

La eutanasia en el mundo

Mientras en España el debate vuelve una y otra vez, en Europa hay cuatro países que han regulado esta práctica, a los que se suman Canadá, Colombia y algunos Estados de EEUU.

Regulación de la eutanasia en el mundo

Algunos, como Holanda, llevan ya 15 años de experiencia con resultados que indican que no se ha producido un aumento de las muertes voluntarias, según publicó un estudio en The Lancet teniendo en cuenta también años anteriores a la legalización, cuando la práctica era ya ampliamente extendida.

En España, tanto a la eutanasia como a la ley estatal de muerte digna aún les quedan escollos políticos que recorrer. La cuestión vuelve a ser, como desde hace ya varias legislaturas, de voluntad política. La sociedad espera.