La decisión ha sido histórica. Después de décadas de debate y más de una decena de iniciativas legislativas sobre la eutanasia que no prosperaron, una mayoría del Congreso se ha puesto al fin de acuerdo para abrir la puerta a su despenalización. La decisión ha sido posible pese a los votos en negativo del PP y UPN, abiertamente en contra de legalizar la práctica, y la abstención de Ciudadanos.
Lo que se ha aprobado es la admisión a trámite de la reforma del Código Penal, que en España castiga con penas de hasta 10 años de prisión a quienes induzcan o cooperen con el suicidio de otra persona.
Es una propuesta que llega del Parlamento de Cataluña y que se encuentra en el Congreso con otras dos normas relacionadas. Por un lado, la propuesta de ley que registró hace unos días el PSOE también sobre la eutanasia y que regula tanto la reforma del Código Penal como los procedimientos y garantías para su realización. El PSOE propone que la eutanasia entre el Sistema Nacional de Salud como una prestación básica.
Por otro lado, la propuesta choca también, para Ciudadanos, con la ley que ellos mismos han presentado sobre muerte digna. Para ellos, dicha ley cubre el 99,9% de los casos, “incluso el de Ramón Sampedro”, según el portavoz de Sanidad del grupo Francisco Igea.
Con estas premisas se admite a trámite la propuesta del Parlament, que afecta sólo a la despenalización y para muchos puede asustar por suponer una exención de responsabilidades sin dotar de garantías jurídicas o limitaciones a quienes la practican. Una opción que para algunos supondría, como opinaba Victoria Prego, empezar la casa por el tejado.
Sin embargo, lo aprobado por el Congreso aún deja a mucha distancia la despenalización efectiva, pues lo que arranca es su tramitación. De momento, aproximadamente un mes de plazo para enmiendas a la totalidad (rechazar de pleno el texto), algo que podría retrasar durante ese período la tramitación, aunque probablemente no saldría adelante, pues volvería a ser aprobado por la misma mayoría que le ha dado luz verde.
Salvado ese período, el texto del Parlament pasará a la Comisión correspondiente (a priori, Justicia), donde todos los grupos tendrán la oportunidad de presentar enmiendas parciales al texto. Ahí se abre un plazo definido pero prorrogable sin límites para que los partidos acuerden un texto final (que pasaría al Senado). De hecho, las prórrogas podrían sucederse hasta la convocatoria de elecciones y el texto quedaría en suspenso, según fuentes cercanas de la Cámara.
Aquí es donde probablemente la propuesta de reforma del Código Penal se encontrará con los mayores escollos. Uno de ellos será la propuesta de Ley de la Eutanasia que el PSOE registró hace unos días y que llegará también al Congreso próximamente. Su propuesta, en el caso de salir adelante, podría tramitarse en la Comisión de forma conjunta a la del Parlament hasta que saliera un nuevo texto. Eso es algo más que probable ya que el PSOE entiende, tal como dijo la diputada del PSC durante el deba te del pasado martes, Assumpta Escarp, que ambas leyes tenían que tramitarse en paralelo con el "máximo consenso lejos de oportunismos políticos".
Mª Luisa Carcedo, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, coincide en que "lo sensato será que entre los grupos se acuerde que ambas propuestan vayan a la Comisión de Sanidad para que puedan ser trabajadas de forma conjunta". Carcedo afirma que su propuesta de ley podría debatirse en el Congreso "a finales de junio o ya en septiembre".
Por su parte, Ciudadanos afirma que "no se puede empezar la casa por el tejado", dice Francisco Igea, portavoz de la formación. "Hasta que no cerremos la ley no sabremos en qué marco nos movemos. Si se admitirá la sedación, qué garantías habrá... Hasta ese momento no podemos pensar en otra ley", concluye.
Este es el panorama que se abre hacia la legalización de la eutanasia, la reinvidicación de una mayoría social que tiene una nueva oportunidad política.
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