Cuando la investigación pública en salud acaba en manos de empresas privadas

La mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en salud la realiza el sector público, principalmente en los centros de investigación de la Administración y universidades, pero esa inversión pública "se invisibiliza" en el momento que se transfiere a la industria, principalmente farmacéutica, según señala el informe 'Interés público en la innovación biomédica', realizado por la Fundación Salud por Derecho.

El estudio analiza cómo, aunque "gran parte" de la inversión es del sector público (62% frente a 38% de las empresas privadas), el sector público "pierde el control" sobre ella cuando el producto o la tecnología resultante de la investigación se transfiere al sector privado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Administración Pública el gasto en I+D en ciencias médicas ha caído un 20 por ciento, de 955,56 millones de euros en 2010 a 761,42 en 2016.

la Administración no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual

Este descenso se da en menor medida en las universidades, donde cae un 4 por ciento, pasando de de 589,18 millones de euros a 565,39. El sector de las entidades privadas sin ánimo de lucro es el único que ha aumentado el gasto, con un incremento del 13 por ciento, que no obstante no supone un impacto significativo dado que solo representa el 1 por ciento del total: 18,5 millones en 2016).

"De esta forma, la Administración no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública", critica el documento.

El informe detalla, además, en qué condiciones se da esa transacción desde las universidades y los centros de investigación a las empresas. "Las invenciones desarrolladas en centros públicos son habitualmente protegidas por una patente y, posteriormente, se traspasan a las compañías a través de una licencia de explotación de la tecnología, o cediendo su titularidad a cambio de una contraprestación económica. La gran mayoría de los centros de investigación y universidades cuenta con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, no contemplan criterios de interés público", aseguran.

La gran mayoría de los centros de investigación no contemplan criterios de interés público

Entre estos criterios, estarían medidas que ayuden a "visibilizar" la inversión pública cuando pasa a manos privadas; criterios de "trasparencia" que faciliten el acceso a toda la información sobre los proyectos e invenciones que han recibido fondos públicos; medidas que aseguren que los productos finales tendrán "precios asequibles que contribuyan a la sostenibilidad del sistema"; o alternativas al modelo actual de gestión del conocimiento y de la propiedad industrial e intelectual.

"Las licencias de explotación suelen ser en exclusividad, que dan lugar a futuros monopolios. Son muy habituales los acuerdos de confidencialidad, cerrando así la puerta al conocimiento compartido y a la transparencia en lo que respecta a la accesibilidad en los registros y resultados de la investigación biomédica generados a partir de la actividad científica financiada con fondos públicos", lamentan.

Menos presupuesto estatal, más autonómico

A nivel presupuestario, el informe evidencia los "recortes" en investigación de los últimos años, sobre todo a nivel estatal, lo que "ha provocado una reducción del número de proyectos, el abandono de líneas de investigación y una precarización de las condiciones laborales del personal investigador".

Según esta investiagción, de 2010 a 2016 y en términos globales, han sido "clave" tanto las aportaciones del conjunto de las comunidades autónomas como la financiación procedente de programas europeos, principalmente Horizonte 2020. No obstante, advierten de que estas nuevas fuentes de financiación "no sustituyen la responsabilidad de la Administración del Estado de incrementar la inversión y su compromiso con la investigación científica".

Este presupuesto, en cualquier caso, tiene como "principal beneficiario" al sector farmacéutico, argumenta el texto de Fundación Salud por Derecho: 9 de las 10 empresas que más financiación han recibido en el periodo 2010-2016 son farmacéuticas. "Se trata de compañías muy significativas en el sector y, en algunos casos, filiales de grandes multinacionales, la mitad de ellas interesadas en proyectos de Oncología, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales", exponen.

Transparencia y precios asequibles

El informe aporta una serie de propuestas para "invertir esta situación lo antes posible", que avancen en "permitir un mayor seguimiento e impacto social de la inversión pública en I+D", tomando como referencia las experiencias en otros países. Entre ellas, medicas concretas sobre gestión de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento o rendición de cuentas, que "tendrían como resultado disponer de información pública y completa de lo que se financia, cómo se financia, qué resultados se obtienen, qué resultados se patentan y a quién se transfieren y/o licencian".

Salud por Derecho reivindica iniciativas para gestionar la transparencia sobre la innovación biomédica

Además, abogan por consensuar una definición de interés público y, a partir de ahí, establecer una serie de criterios que aseguren "la transparencia, el acceso y los precios asequibles" de los medicamentos y productos sanitarios resultantes de la inversión pública en I+D. Estos criterios se aplicarían a subvenciones, acuerdos que regulen la participación de universidades y organismos de investigación públicos en proyectos público-privados, o incentivos fiscales, entre otros.

Por último, reivindican la necesidad de impulsar políticas e iniciativas que permitan "gestionar con transparencia" los conflictos de interés en la innovación biomédica, así como desarrollar guías y recomendaciones consensuadas que permitan "delimitar mejor las relaciones entre actores públicos y privados".