El calvario del inspector sanitario de Sevilla que adelantó un año el escándalo iDental

En abril de 2017, el inspector sanitario Carlos Yáñez-Barnuevo recibió el encargo de investigar la clínica de iDental en Nervión (Sevilla). Con 37 años de de carrera como funcionario, el inspector se "escandalizó" cuando conoció el caso. “No había visto nada similar en mi carrera”, recuerda dos años después, cuando confiesa también que con este caso se le “ha venido el mundo encima”. Actualmente, este inspector lleva meses de baja “por acoso laboral”  y está en litigios con la Junta de Andalucía: él les denunció por acoso y ahora está siendo juzgado por desobediencia tras ser expedientado tres veces por la Administración andaluza en relación al caso iDental, que actualmente se juzga como una macroestafa en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la historia de esta clínica con la inspección no arranca cuando Yáñez-Barnuevo empieza a investigar en abril de 2017, sino antes de su apertura. En junio de 2015, Teresa Romero, la inspectora encargada de realizar un informe de preapertura, emitió un informe negativo: “El centro sanitario no cumple los requisitos mínimos exigibles para su autorización de funcionamiento”. Lo justificaba la inspectora en la falta de equipamiento, de documentación, en que durante su visita no se le había permitido acceder a todo el espacio y en la "publicidad engañosa" en su web.

Romero entregó el informe, pero el caso no volvió a sus manos y la clínica abrió meses después. “Lo normal en estos casos es que la empresa alegue y se revise el caso, pero en mi caso nunca tuve más noticias”, recuerda. Cuando Yáñez-Barnuevo se hizo cargo del caso cuando en abril de 2017 más de 140 reclamaciones en Salud y Consumo se acumulaban ya contra la clínica. “Ya es raro que fuese otro, lo normal es que las cuestiones relativas a una misma empresa se las asignen al mismo inspector”, afirma Romero por teléfono.

Diversos informes pidieron el cierre de la clínica en 2017

A Yáñez-Barnuevo se le encomendó la investigación porque el centro acumulaba 142 reclamaciones un año después de su apertura y en una situación “tan inaudita como que un colegio denuncie a sus colegiados”, a juicio de este inspector tras décadas de trabajo, la Consejería había recibido una carta del Colegio de Dentistas de Andalucía, fechada en marzo, que alertaba de “graves perjuicios a los pacientes”.

En varios informes entregados entre mayo y diciembre de 2017, el inspector detalló una larga lista de irregularidades y pidió reiteradamente el cierre de la clínica como medida cautelar. Asegura que en ningún caso sus informes fueron tenidos en cuenta.

A lo largo de esos seis meses Yáñez-Barnuevo contó con el asesoramiento de un odontólogo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), realizó tres inspecciones a la clínica, habló con cuatro ex odontólogos y analizó el caso de 59 pacientes denunciantes, a 16 de los cuales examinaron en persona los odontólogos con los que colaboró en el proceso. En el último informe, “que resumía lo que venía diciendo desde hacía seis meses”, el inspector volvía a pedir el cierre cautelar de la clínica, así como la remisión del informe a la Fiscalía por los posibles delitos cometidos y al resto de provincias y regiones para advertir sobre lo que podía estar sucediendo en el resto de centros.

En la parte del informe que recoge el análisis de los pacientes se detallan los indicios de mala praxis. Se recoge, por ejemplo, que cinco de los 16 pacientes explorados habían sufrido extracciones injustificada de piezas dentales y que tres sufrieron la rotura de las prótesis “posiblemente” por habérseles colocado implantes con materiales de uso temporal como definitivo. A uno de los pacientes, además, una infección provocada por el tratamiento recibido le había dejado sordo de forma permanente. En la mayoría de los casos faltaba el registro de los tratamientos en la historia clínica, no habían firmado consentimientos informados y sufrieron la falta de un tratamiento con continuidad asistencial o de un profesional que se responsabilizara de su tratamiento.

A uno de los pacientes, una infección provocada por el tratamiento recibido le había dejado sordo de forma permanente

“En las visitas que hice a las clínicas vi una organización demencial. Faltaban historias clínicas, el número de pacientes, la situación de los dentistas…” explica Yáñez-Barnuevo. Precisamente cuatro de esos odontólogos (que habían trabajado entre 10 y 18 meses en la clínica) afirmaron que la prioridad en la clínica era el tratamiento con implantes (de coste mucho más elevado), “llegándose a extraer dientes que podrían haber sido mantenidos”. Las odontólogas relataron a la inspección que en la clínica primaban los criterios administrativos sobre las necesidades clínicas y que el elevado número de odontólogos que atendían a cada paciente hacía muy difícil la trazabilidad de los errores médicos. Afirmaron que sufrían una “enorme” presión asistencial y que en ocasiones se realizaban implantes “aún en contra del criterio del odontólogo”.

Sin que sus reiterados partes hubieran surtido efecto, en junio de 2018 – en pleno cierre de clínicas de iDental por toda España y cuando el escándalo había saltado a los medios de forma generalizada – Yáñez-Barnuevo fue expedientado por negarse a investigar. “Se me expedienta un año después, por negarme a investigar y por no querer entregar la documentación. A lo primero está de sobra probado que no fue así, pues emití sucesivos informes, y de la segunda parte yo sólo pedía que se me entregara una copia compulsada de lo que entregaba. Después del caso omiso que se estaba haciendo a mis informes tenía razones para creer que dicha documentación podía ‘perderse’. Era una prueba de mi inocencia, ya que se me acusaba de no querer investigar”, relata.

Esa documentación, más de 1.500 folios que el inspector recopiló a lo largo de seis meses, la entregó finalmente en enero de este año y por consejo de su abogado. En ese momento ya se le habían incoado tres expedientes disciplinarios y su caso estaba siendo juzgado por desobediencia, por negarse a entregar los originales.

Este mes de marzo, el inspector ha comparecido y, junto a la copia de los informes y distintos emails, ha adjuntado un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo que defiende la legitimidad de que se negase a entregar los originales como parte de su derecho a la defensa. La Junta de Andalucía no ha contestado a las peticiones de este periódico para ofrecer su versión de los hechos. "No me da miedo, he probado con documentación que lo que se dice contra mí no es cierto. Mi pretensión última es ayudar a las víctimas", afirma el inspector, que ha mandado un escrito al juez De la Mata (que investiga el escándalo en la Audiencia Nacional) ofreciendo su colaboración en el caso.

Con quien cuenta Yáñez-Barnuevo es con los afectados de iDental en Sevilla, que le han mostrado su apoyo en todo este proceso. También Podemos y Marea Blanca Sevilla, que en julio del año pasado apoyaron al inspector a través de una denuncia que realizaron contra los responsables de la Delegación Territorial de Salud por no tomar medidas contra iDental basadas en los informes del inspector. Su caso está también en los tribunales.