La Audiencia juzgará a los dueños de iDental por 24 delitos contra la Seguridad Social

Casi un año después de que la Audiencia Nacional asumiera el caso por la trama iDental, el juez José de la Mata ha finalizado la instrucción de la primera de las piezas separadas de la investigación de las clínicas odontológicas. En el auto, el magistrado ve indicios para juzgar a los siete administradores de la compañía por 24 delitos contra la Seguridad Social, 23 con iDental y uno con Instituts Odontologics. Son Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blanco por la primera etapa y los hermanos José María y Juan Garrido López, junto con Luis Sans Huescas de la segunda. Además, propone juzgar también a José Luis González  y Domingo Bejarano Calabuig, considerados testaferros.

De la Mata considera que el perjuicio económico ocasionado a las arcas del Estado es de 23,6 millones de euros por los impagos acumulados más las costas y recargos. Concluye así la primera pieza del caso iDental, que continúa su instrucción por delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, lesiones y contra la salud pública.

La acusación afecta a todas las etapas de la compañía (que arrancó su actividad en 2015), desde los primeros dueños, García Pellicer y Vicente Castañer, a quienes le sucedieron tras la adquisición de la compañía por el fondo Weston Hill en noviembre de 2017. A los primeros se les imputan los delitos correspondientes a 2015/2017 por un total de 8,5 millones de euros. A Sans, los heramanos Garrido y José Luis González los impagos de iDental desde 2015 (el juez considera que al adquirir iDental lo hacen con todas sus deudas también) hasta su cierre, por un valor de 16,6 millones de euros y a Sans, los Garrido y Bejarano los impagos en IOA, que ascienden a 1,4 millones de euros.

El auto detalla el entramado de sociedades que utilizaron los administradores para la gestión de iDental y posteriormente también IOA. Señala que García Pellicer y Castañer crearon iDental a través de sociedades interpuestas. Fueron inicialmente tres, Random Corp, Dental Global Management e Ifactory Global, "germen societario de iDental" que luego fueron aumentando y tras las que se situaban ambos administradores. Especifica también que el fondo Weston Hill Assett Management adquirió la compañía, a su vez, a través de la sociedad Maxduell Gran. Ésta adquirió las principales sociedades que entonces componían el grupo (Running and Reading SL, Rumbo Azimut SL y Dental Global Management) por un total de cuatro euros. Se convertía así en el socio único de la matriz de iDental.

En esa sociedad figura como administrador otro de los acusados, José Luis González Sánchez, aunque el magistrado especifica que se puede afirmar que son Sans y los hermanos Garridos quienes controlaban iDental y que González Sánchez figura como "cooperador". También Domingo Bejarano, que figura como cooperador en IOA.

De la Mata subraya en el auto que pese al entramado de empresas, el grupo funcionaba como una compañía unitaria y que muchas de ellas eran meras sociedades instrumentales sin capital o empleados. Así, el magistrado asegura que las maniobras de los administradores entre 2015 y 2018 “señalan el ánimo defraudatorio" de los responsables del Grupo. Sobre todo, "el vaciamiento patrimonial del mismo mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal”. Del mismo modo, añade, creaban contratos ficticios de préstamos con obligaciones pecuniarias exigibles a posteriori “justificando de esta forma una devolución de fondos o, como hemos visto, una posición privilegiada en caso de convenio concursal de la empresa deudora”.

Los delitos se extienden a la otra cadena odontológica propiedad del fondo Weston Hill, Instituts Odontologics Associats S.L. (IOA), en la que el juez estima que se creó  una estructura empresarial opaca que, con la colaboración de testaferros, les permitía controlar la sociedad IOA SL: La ocultación de los socios reales de la empresa deudora con organismos empresariales complejos, así como la utilización de testaferros, las deudas muy elevadas con la TGSS, y el vaciamiento patrimonial de la mercantil con el desvío de esos fondos a estructuras empresariales particulares de los socios reales de la deudora, son factores, indica el juez, “ que, juntos, denotan una planificación previa que incluye la circunstancia de “ no pagar” , por tanto, existe el ánimo de defraudar los intereses legítimos de la Seguridad Social”.

El auto también destaca "desmesurados" gastos en publicidad de la compañía que llegaron a los 13 millones de euros y el "importante desvío de fondos" a las cuentas de García Pellicer y Castañer y sus esposas.

El "ánimo defraudatorio"

El auto detalla que en el primer período, Castañer y García Pellicer mantuvieron una clara estrategia para obtener beneficios a través de una cadena dental con precios atractivos, gracias a los que ingresaron mucho dinero de tratamientos financiados en poco tiempo. El auto destaca que la sociedad, con 3.000 euros de capital, les dejó en los primeros 10 meses de actividad dividendos por más de 2,3 millones de euros. Algo que sólo habría conseguido porque "gastos ordinarios de explotación de cualquier clínica dental (arrendamientos, obras, limpieza, mantenimiento productos dentales) no sean abonados, se computen con servicios debidos a empresas del grupo y se compensen con préstamos que concede la empresa principal".

El auto destaca que esa situación es "imposible de mantener" sin la entrada de capital de nuevos clientes, por lo que se constituye una suerte de estafa piramidal "en que los nuevos clientes, con sus ingresos financiados posibilitan que se mantenga la atención al resto de clientes". Para seguir manteniendo la actividad, continúa el auto, se "reestructuran" las sociedades y empiezan los impagos a la Seguridad Social. Además, el auto aprecia una utilización "torticera" de los aplazamientos solicitados con el único ánimo de "paralizar o suspender las acciones ejecutivas, de embargo de cuentas, pagos y TPV". Para eludir los embargos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el grupo también hacía un traspaso de fondos de las cuentas de una sociedad a otra.

De la etapa de Weston Hill, el auto afirma como "revelador de las verdaderas intenciones apropiadoras, descapitalizadoras y defraudadoras del grupo, que Sans y los hermanos Garrido colocaran como Administrador a José Luis González, de quien constan 19 antecedentes policiales, al menos seis de ellos por estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público, resultando improbable que sus valedores desconocieran estas circunstancias".

A partir de octubre de 2017, cuando supuestamente la cadena fue adquirida por 25 millones de euros, aunque sin embargo nada se destinó a pagar la deuda "sino que generó nueva deuda a pesar de tener en tesorería dicha cantidad".

Respecto a la adquisición de Instituts Odontologics, el auto indica que se produjo aparentemente reproduciendo "el patrón sistemático de actuación que estas personas ya habían aplicado durante los años anteriores para la compra de otras empresas (que luego descapitalizaban):solicitar fraudulentamente préstamos a Bankia, a la que en conjunto consiguieron defraudar, siempre presuntamente y a los únicos efectos de esta resolución, en 54 millones de euros".

En esta compañía, que también gestionaron a través de testaferros y con la que ocultaron los socios reales. De Sans concluye que es el beneficiario último de sociedades creadas para su enriquecimiento personal, al igual que los hermanos Garrido, según se detalla en el auto. Los tres "procedieron de manera sistemática a descapitalizar la empresa, apoderándose de los activos, desviando los capitales aportados por inversores y aumentando los pasivos, con la finalidad de vaciar la empresa hasta llevarla a concurso".