El fiscal general de Irán, Mohamad Yafar Montazeri, ha anunciado que los tribunales del país impondrán la pena de muerte a cualquier persona declarada culpable de "interferir" en la respuesta al brote de nuevo coronavirus, que ha dejado al menos 66 muertos en el país y cerca de 1.000 infectados según los datos oficiales, de los que se sospecha que no estén recogiendo la totalidad de la problemática.

El ministro de Sanidad, Said Namaki, trasladó al presidente del país, Hasán Rohani, una queja por la escasez de equipamiento para hacer frente al brote y pidió medidas contra el comercio ilegal de mascarillas, detergente y otros materiales.

En respuesta, Montazeri ha resaltado que "interferir en el sistema sanitario no sólo un crimen, sino que es punible" con el cargo de "corrupción en la tierra", que acarrea la pena de muerte en el país asiático. El fiscal general ha destacado en una misiva a Namaki que ha visto su carta a Rohani y ha destacado el "trabajo duro" de los empleados del sistema sanitario del país ante el brote, según ha informado la cadena de televisión iraní IRIB.

Asimismo, ha pedido al ministro que informe de cualquier caso de "acaparamiento, retención de la venta de material sanitario, mascarillas o cualquier otro material efectivo a la hora de prevenir o tratar a los infectados con coronavirus".

De esta forma, Montazeri ha recalcado que todos estos casos serán abordados por su oficina "de forma extraordinaria", ante las denuncias sobre la presunta venta de estos materiales en el mercado negro iraní.

Las zonas más afectadas por el coronavirus son Teherán, Qom y Guilán. El Ministerio de Sanidad, que ha destacado que otras 291 personas se han recuperado, ha afirmado que más de 4.300 personas han sido sometidas a análisis en una veintena de laboratorios del país.

El Gobierno iraní ha cerrado temporalmente los colegios, universidades y otros centros educativos y ha suspendido eventos culturales y deportivos como medida de prevención contra el coronavirus.