Sanidad aprueba un plan contra los rebrotes para evitar otro estado de alarma

El Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas, y en el seno del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), va a poder aprobar medidas coordinadas de salud pública ante rebrotes que afecten a varias regiones.

Estas medidas, además, van a ser de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas donde se establezcan, como así se desprende del 'Plan respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19', que este lunes ha sido presentado al CISNS y se espera que pueda ser aprobado este jueves en una nueva reunión del organismo en el que están representadas las comunidades autónomas y el departamento que dirige Salvador Illa.

El objetivo del plan, que consta de cinco capítulos y cinco anexos, es reducir el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus mediante el fortalecimiento de intervenciones "rápidas, oportunas y eficaces" y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión.

En concreto, según han informado fuentes del Gobierno, la actuación coordinada entre las CCAA y el Ministerio para implantar medidas de obligado cumplimiento en determinadas regiones se puede dar el caso de que, por ejemplo, se celebren fiestas regionales en varias regiones limítrofes y cada una vaya a implantar medidas diferentes.

En este caso, y debido al riesgo de contagio, se podría obligar a que se suspendieran en todas las comunidades estos eventos o a que los mismos se celebrasen siguiendo unas mismas reglas. Este mecanismo está pensado, por ahora, para llevar a cabo actuaciones de este tipo (como también cierre de locales o restricciones de aforo en tiendas) pero no para establecer el confinamiento de comunidades enteras.

Así, se establece que las actuaciones de preparación y respuesta ante posibles brotes del nuevo coronavirus deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo de transmisión.

En el caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias comunidades, corresponderá su declaración al Ministerio, previo conocimiento del CISNS y con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.

Del mismo modo, habrá que garantizar medidas de preparación y respuesta ante posibles brotes, para lo cual destaca la necesidad de adoptar iniciativas de preparación en los ámbitos de salud pública, asistencia sanitaria y laboratorio, la compra extraordinaria de la vacuna de la gripe y la preparación de las medidas farmacológicas y no farmacológicas frente al Covid-19.

Además, el texto que ha elaborado el departamento que dirige Salvador Illa establece que las comunidades deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos.

En el ámbito de la atención sanitaria, el plan señala que las autonomías deben activar los planes de contingencia en Atención Primaria y Hospitalaria de forma adaptada a cada escenario; garantizar capacidad suficiente de recursos humanos y de equipos de protección individual; así como de disponer de una capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva. En este caso, entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Las comunidades autónomas también deben de disponer de planes de atención en domicilio; una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes Covid-19 y no Covid-19; mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables; y garantizar los programas de vacunación.

Por otra parte, el documento establece como principales medidas no farmacológicas dirigidas al control de la propagación del virus la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia interpersonal y la utilización de mascarillas. También señala la necesidad de disponer de estrategias de prevención que recojan aspectos relacionados con la organización de espacios y horarios, la coordinación con el sistema asistencial o procedimientos sobre manejo de casos.

Unas estrategias que deben ser tenidas en cuenta para minimizar el riesgo de brotes en entornos especialmente vulnerables como residencias para mayores, personas con discapacitados; centros de salud mental y centros de acogida o albergues.

Será prioritario prevenir el impacto de la gripe en este otoño-invierno ante la situación de eventual coincidencia con la epidemia de Covid-19. Para ello se fomentará el aumento de la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitario, embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

Reserva estratégica nacional

Por otra parte, y ante la situación de mercados tensionados y con objeto de garantizar una rápida respuesta ante nuevas ondas epidémicas o emergencias de Salud Pública, el documento señala que las comunidades autónomas deberán poder garantizar una reserva estratégica de productos críticos que pueda cubrir las necesidades durante un periodo de 8 semanas.

En este sentido, la reserva nacional dará cobertura al 25 por ciento del consumo medio total declarado por las comunidades autónomas durante 2 meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios.

Esta reserva se está realizando en función de la estimación de necesidades para cada producto en base a los consumos semanales reales declarados por las comunidades y considerando la disponibilidad de productos, tanto por las adquisiciones realizadas en esta pandemia como por las futuras coberturas derivadas de la capacidad de producción nacional. La reserva estará compuesta por equipos de protección individual, técnicas diagnósticas, medicamentos y equipos de ventilación mecánica.

Por otro lado, el plan establece que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) hará una evaluación de riesgo en coordinación con la comunidad autónoma para evaluar el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.

La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial que se está evaluando; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, capacidad asistencial y capacidad de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.

El resultado de la evaluación determinará la situación de riesgo en la que se encuentra el territorio y determinará las medidas necesarias para contenerlo. Asimismo, la iniciativa recoge medidas de respuesta para entornos específicos como son centros educativos, centros sanitarios, centros sociales y socio-sanitarios residenciales, entorno laboral, poblaciones socialmente vulnerables o entornos de alta concentración de personas.

Por último, el documento establece que en el escenario actual de control es prioritario mantener los mecanismos adecuados en los puntos de entrada al país para prevenir la llegada a España de casos procedentes del extranjero.