Hijos de un laberinto legal

Miguel Bosé, la baronesa Thyssen, Jaime Cantizano o Javier Cámara son algunas de las caras conocidas que han optado en los últimos años por ser padres mediante gestación subrogada o vientre de alquiler, una práctica ilegal en España pero autorizada en otros países. Todos ellos tienen en común, además, que han elegido la opción más costosa, la que ofrece Estados Unidos.

Muchos españoles recurren a Ucrania y Georgia para la gestación subrogada, donde el coste es un tercio del de EEUU

EEUU es el país que requiere un mayor desembolso económico (unos 150.000 euros de media) pero también el que más garantías ofrece para volver a España con el bebé sin quedar atrapados en el país. Porque eso es lo que está ocurriendo desde hace algo más de un año en los dos destinos que escogen ahora mismo la mayoría de los españoles, Ucrania y Georgia, mucho más asequibles (en torno a 50.000 euros).

En Kiev, la capital de Ucrania, hay actualmente unas 90 familias atrapadas por la burocracia legal que exige España para que esos niños puedan entrar en nuestro país. Ilanit Snir y su pareja lideran esa espera. Llevan más de cuatro meses, desde el 24 de febrero, intentando sin éxito conseguir la documentación para volver a España con su hijo.

Trabas desde junio de 2018

Snir y su pareja, residentes en Torrejón de Ardoz (Madrid), son una pareja heterosexual, unida legalmente y con problemas para gestar un hijo. Todos estos son requisitos para poder acceder a un vientre de alquiler en Ucrania, que solo admite a parejas heterosexuales y que hayan formalizado su unión. En Estados Unidos, por el contrario, pueden hacerlo personas solas o parejas gays. Otros requisitos, estos sí comunes también a Canadá, India, Georgia o Grecia (los países donde es legal el vientre de alquiler), son que la pareja demuestre una dificultad para llevar adelante el embarazo y que la gestante no aporte material biológico al bebé.

La pareja residente en Madrid es una más de los miles de españoles que llevan optando por la gestación subrogada desde hace más de una década, aunque sin embargo son pocas las que como ellos han tenido que enfrentarse a tantos problemas. Según una de las asociaciones de padres por gestación subrogada, Son nuestros hijos, son aproximadamente 1.000 niños de parejas españolas los que nacen cada año en el extranjero de esta forma.

Hasta junio de 2018, las embajadas españolas en Ucrania y Georgia operaban mediante lo establecido en la Ley de Reproducción Asistida de 2006 y una instrucción legal de 2010. El proceso se completaba en alrededor de 30 días. "Se entregaba la documentación – el registro de Ucrania, que considera padres a los de intención, y no a los biológicos, más la renuncia ante notario de la mujer gestante a la guardia y custodia del bebé – y se hacía por parte de un laboratorio español una prueba de ADN para corroborar la filiación paterna. Con el resultado positivo permitían llevar al niño a España, donde después la madre tenía que completar el proceso de adopción”, explica Snir. Aunque la madre española hubiera aportado también material genético se tenía que llevar a cabo la adopción, pues en España, legalmente, la madre es la que da a luz.

Sin embargo, ese proceso de un mes comenzó a dilatarse a partir de junio de 2018, según denuncian las familias, fecha coincidente con el inicio del Gobierno socialista. “Las embajadas empezaron a poner pegas aludiendo a una supuesta vulneración de la Ley de Protección de Datos, pero la Agencia Española de Protección de Datos lo desmintió y cambiaron la argumentación. Así hasta febrero de este año, cuando publicaron una instrucción que ha bloqueado del todo el asunto”, expone Snir.

El 21 de febrero de este año se publicó en el BOE una nueva instrucción en la que se confirmaba el requerimiento judicial del certificado de nacimiento requerido. "Se exige un documento que Ucrania y Georgia no contemplan en su ordenamiento. Es un requisito, como se dice en derecho administrativo, de contenido imposible, que deja al menor en total indefensión", explica José Hidalgo, jurista que colabora con la Plataforma por la protección de la infancia nacida en Georgia y Ucrania (Apingu). Dicha instrucción derogaba otra de apenas cinco días antes en la que no se establecían tantas barreras a la gestación subrogada. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, alegó para tal rectificación que la primera norma "se había aprobado sin su consentimiento".

Horizonte de incertidumbre

Lo cierto es que desde febrero de este año, hace ya cinco meses, los padres atrapados aseguran que han salido sólo del país cinco niños. Y están en espera 90 familias. "Las que lo han conseguido lo han hecho con un pasaporte ucraniano para el menor", explica Snir. Hidalgo asegura que desconoce este extremo pero que "no tiene ningún sentido". Snir reconoce que es una opción que sólo se consigue previo pago "bajo cuerda". Por su parte, el jurista afirma que la alternativa que queda a estos padres es la consecución de una cédula o documento de viaje que considere al menor apátrida y le permita viajar con su padre biológico. "Esto lo tiene que solicitar el país donde se encuentra el menor, pero parece que ni Ucrania ni España están por la labor de hacerlo". Este periódico ha tratado de contrastar, sin éxito, la versión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Sin conocer cuál será su futuro próximo ni cuándo podrán traer a sus hijos a España, estas familias se concentraron el pasado viernes frente a la embajada de España en Kiev. Ni el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ni el resto de partidos políticos, a excepción de Ciudadanos, está a favor de legislar la maternidad subrogada.

Ciudadanos presentó esta semana en el Congreso una propuesta de ley de gestación subrogada

La formación naranja defiende casi en solitario esta práctica y precisamente la pasada semana lo hizo con una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados. “Creemos en un modelo de gestación subrogada altruista y garantista como el de Canadá en el que se tome la decisión con absoluta libertad”, ha afirmado la responsable del área de Mujer, Patricia Reyes. “Nos encontramos problemas como la inscripción de esos niños en el registro o la existencia de agencias intermediarias que no operan con seguridad en países donde no se respetan los derechos humanos”, ha lamentado, por lo que ha reclamado que con la Proposición de Ley de Ciudadanos se abra el debate de la gestación subrogada. “Reflexionen y debatan con nosotros”, ha concluido. Su propuesta, sin embargo, no convence a la abogada especializada en gestación subrogada, Mª Luisa Bautista: "Contempla la posible consanguinidad de la gestante con los padres, lo cual es un grave error porque podría dar lugar a reclamaciones; y por otro lado limita a 45 años la edad de los progenitores, que tampoco tiene sentido en la realidad de la maternidad y patrenidad en España y cuando las técnicas de reproducción asistida se permiten hasta los 50 años".