La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, se ha procurado ya en la educación concertada a los primeros enemigos del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que aún está por salir adelante. La cuestión, si la libertad de los padres a elegir el centro educativo de sus hijos es un derecho constitucional o no.
La titular de Educación aprovechó el XV Congreso de Escuelas Católicas (que representa al 60% de centros concertados) para decir que la enseñanza religiosa no es un "derecho constitucional". Los abucheos de la sala no frenaron a Celaá, que insistió en que la elección de centro forma parte de un "haz de derechos que pueden tener padres y madres en las condiciones legales que se determinen" pero no "un derecho emanado de la Constitución".
Pedro José Caballero: "Concapa lo tiene claro. Si se vulnera el derecho de las familias saldremos a la calle"
Desde el sector, y concretamente la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (Concapa), han considerado las declaraciones como "un ataque directo a la libertad de la familia para decidir sobre la educación de sus hijos". Su presidente, Pedro José Caballero, ha asegurado a El Independiente que este lunes se reunirá en Toledo con patronales de centros, padres y sindicatos para "debatir y ver qué hoja de ruta seguir".
Caballero afirma, además, que las declaraciones de la ministra no fueron puntuales sino que forman parte de un plan que tiene que ver con la reforma educativa que ya planteó el Gobierno en febrero y que puede poner sobre la diana a la educación religiosa. "Concapa lo tiene claro. Si se vulnera el derecho de las familias saldremos a la calle a movilizarnos, porque sabemos que hay mucha gente que nos apoya y que no es radical como la ministra, que quiere que haya una educación pública única y laica", afirma.
Reacciones del PP y "nada que temer" de la ministra
Algunos - como también Concapa - ven en las manifestaciones de Celaá un guiño a Podemos, su socio en el recién firmado acuerdo de coalición. La formación morada ha rehusado ofrecer declaraciones - en pro de las negociaciones, según fuentes de prensa - aunque en su ideario está la defensa de la educación pública. El diputado canario Manuel Marrero, afirmó en febrero pasado que la educación concertada y la oferta de religión en los centros educativos públicos son "anomalías democráticas".
Pero también han salido apoyos a la concertada, ya desde el mismo jueves en que trascendieron las declaraciones de la ministra. Esa misma tarde el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pidió a Pedro Sánchez que explicase si está de acuerdo con las declaraciones de su ministra de Educación y defendió que "la libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución", y añadió que las declaraciones de Celaá corresponden con "el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical", según publicó Europa Press.
Un día después de la polémica, la ministra de Educación lanzó un mensaje de calma tras el Consejo de Ministros: "Las familias no tienen nada que temer", aseguró, "y el PSOE ha sido el baluarte más claro de defensa de la educación pública y la concertada", añadió la ministra, que no obstante reiteró que más de 30 sentencias del Tribunal Constitucional avalan que el derecho es legal pero no constitucional. "Si esto fuera un derecho constitucional, las familias podría denunciar si no han podido acudir al centro que desean y tendrían que darles la razón, algo absurdo", ha indicado.
Por su parte, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, quien organizaba el encuentro donde habló Celaá, argumenta que los derechos"no son absolutos sino que se armonizan de forma razonable y factible". Tras consultar su entidad con asesores jurídicos para valorar las declaraciones de la ministra, afirma que "la sentencia que citó la ministra no dice que no sea un derecho constitucional y de hecho dice que el la libertad de elección de centro de los padres va ligada al artículo 27 de la Constitución".
Antes de hablar de movilizaciones, Alvira llama a la calma y cree que sería conveniente que su entidad se reuniera próximamente con el Ministerio para "aclarar la situación". Escuelas Católicas ha mantenido, tras las polémicas declaraciones, contacto con altos cargos del Ministerio donde han coincidido en "tomar el asunto con calma". "Nosotros no hemos pensado aún si acudiremos al encuentro del lunes, tenemos que pensarlo y no es un asunto para tomar con precipitación", ha concluido.
Uno de cada cuatro niños, en la concertada
Este debate afecta en España a uno de cada cuatro niños, pues el 25,5% de los 8,2 millones de niños de educación infantil a bachillerato escolarizados en España acude a este tipo de centros, de los que más de la mitad son católicos. Además, un 7,4% estudia en colegios privados y el grueso del 67,2% lo hace en la escuela pública.
Es cierto que el 62% de los alumnos, como publicó en su último informe sobre el curso 2018/19 la Conferencia Episcopal Española (CEE), eligen dar religión independientemente de estudiar en centros concertados, públicos o privados. El porcentaje en primaria es del 55% en los centros privados, del 91% en los concertados y del 73% en los privados. Unas cifras elevadas pero que sin embargo han caído de forma muy importante desde el curso 1996/1997, cuando eran del 91%.
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