La trama iDental no pudo gestarse sin la participación de las financieras. Los gestores de las clínicas dentales low cost, ahora en la cárcel acusados de estafa, administración fraudulenta y delitos contra la salud pública entre otros, solo pudieron lucrarse como lo hicieron gracias a la entrada de los fondos procedentes de las financieras. Éstas eran parte central del modus operandi de la compañía, que aprovechaba el estatus económico medio-bajo de sus pacientes para cerrar con ellos financiaciones que se cobraban en su totalidad a los bancos al inicio. En algunos casos y según las denuncias de los afectados, estos créditos se concedían gracias al falseo de datos relativos al cobro de sueldos o pensiones.
Así, la mayoría de los afectados, que sólo pudieron acceder a sus tratamientos mediante financiación, se vieron al cierre de las clínicas con tratamientos inacabados, mal hechos y créditos pendientes de pago. Lo único que les quedaba de sus tratamientos eran las llamadas de las financieras, en muchos casos a horas intempestivas, exigiéndoles los pagos mensuales.
Por ello, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José De la Mata, estableció el pasado mes de febrero una serie de medidas cautelares dirigidas específicamente a las financieras: "la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamiento odontológicos firmados con las clínicas del Grupo IDENTAL" y "requerir a las entidades financieras [...] a fin de que cesen en las reclamaciones descritas, así como a abstenerse de incluir en ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados y procedan a retirar de los registros citados a aquellas personas cuya inscripción se solicitó por el impago de los créditos".
Dos medidas cautelares que no se están cumpliendo, al menos para los afectados que suscribieron sus créditos con Evo Finance, una de las principales financieras en la trama por número de contratos. Porque Evo Finance comunicó a afectados el pasado mes de mayo la venta de sus créditos a un fondo buitre con sede en Luxemburgo - LC Asset 1 S.A.R.L - que tiene entre su actividad la compra de deuda a otras empresas a precios reducidos para luego gestionar el recobro. Una práctica popular en el sector de las compañías telefónicas y que "deja entrever la falta de confianza que la compañía tiene en el cobro de la deuda", según fuentes relacionadas con el caso.
En la carta, también se informa a los afectados que la empresa que gestionará el recobro es Link Finanzas, una sociedad con sede en Madrid y les advierte de que en caso de impago, sus datos personales serán incluidos en dos ficheros de solvencia patrimonial y créditos o lo que es lo mismo, listas de morosos. Este periódico ha contactado por teléfono con Link Finanzas, que ha rehusado dar información sobre el asunto.
Son en todo caso dos acciones, tanto la reclamación del pago como la amenaza de la inclusión en los ficheros de morosos, que estaban expresamente prohibidas en el auto dictado por el juez De la Mata tres meses antes. La venta de la deuda está fechada, según figura en las cartas a los afectados en mayo, el 24 de abril de 2019, dos meses después del auto judicial. La carta está firmada tanto por Evo Finance como por el fondo de Luxemburgo.
Desde Evo Finance defienden la venta de estos impagados porque, alegan, se han excluido de la misma a "los clientes con reclamación pendiente de contestación/resolución o demanda de material y que están en trámites resolución, así como aquellos clientes que sin haber llegado a poner ningún tipo de reclamación se confirmó que tenían el tratamiento pendiente de finalizar y con los que aún no se ha llegado a una solución". La financiera asegura que entiende que no hay conflicto con el auto del juez De la Mata porque éste hacía referencia a los "perjudicados", un término al que sin embargo, el auto no hace referencia.
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