Malas noticias para los afectados de iDental. Decenas de miles de pacientes de las clínicas low cost que quedaron con sus tratamientos inacabados y secuelas tanto psicológicas como físicas se quedarán sin indemnización económica. “Prácticamente ninguno cobrará”, afirman fuentes de la investigación, “los bienes incautados no llegan al millón de euros y muchos están ya embargados. No hay de dónde puedan cobrar”.

Los pocos bienes de los que disponía la compañía antes del cierre definitivo eran básicamente material sanitario o mobiliario como sillones de dentista. Material que se encontraba, según las fuentes consultadas, “muy utilizado” y que se está poniendo a subasta, de la que no se espera generar ni un millón de euros.

Los afectados potenciales se estiman en 200.000 pero el número aún es indeterminado, pues la instrucción sigue abierta –al menos hasta abril de 2020, según fuentes cercanas a la investigación– y periódicamente se siguen sumando afectados desde las seis asociaciones personadas como acusación particular. “Yo creo que aún no se ha unido al procedimiento ni la mitad de los afectados. Las denuncias se pusieron en las asociaciones de consumo, en la policía, en los colegios de odontólogos… y muchos aún no han hecho nada. Hay mucho caos”, considera Lucía Germani, presidenta de Actora Consumo, una de las asociaciones personadas en la causa.

Hasta el momento, el juez ha ordenado la evaluación de los afectados por parte de un forense. Un proceso que va despacio y a distintas velocidades según las comunidades autónomas, que cuentan con un número muy variable de afectados, desde dos centenares en Cantabria a 20.000 en la Comunidad Valenciana o 15.000 que se estiman en Madrid.

Lesiones graves, en uno o dos de cada 10 casos

De esos primeros análisis la instrucción está clasificando los casos entre los que considera “incumplimiento de tratamiento” y en los que se aprecian lesiones graves. “Entre el 80 y 90% se trata de tratamientos donde no se cumplió lo establecido en el contrato, pero no hay lesiones graves para la salud. Otra cosa es que haya lesiones psicológicas pero eso es más difícil de demostrar”, explican fuentes de la investigación.

Entre ese 80 y 90% de los afectados donde no se puedan acreditar lesiones graves, el delito será la estafa – si se declara culpables a los acusados, que no son otros que los responsables de la compañía, en primer lugar Antonio García Pellicer y Vicente Castañeda, y más tarde Luis Sans y José María Garrido, socio de Weston Hill, todos ellos en prisión preventiva. “La sentencia les podrá reconocer los gastos que pagaron o los que se han derivado si han completado sus tratamientos en otras clínica, pero sólo se les podrá indemnizar si hay bienes, y la evidencia apunta a que no”, indican las fuentes consultadas.

Esa será la esperanza para afectados como F.S.D., una jubilada de Zaragoza con una pensión de 600 euros. La financiera con la que suscribió el contrato (Sabadell Consumer) le ha ofrecido una devolución de algo menos de 600 euros. Sin embargo, la clínica a la que ha acudido para tratar de arreglar su dentadura le ha presupuestado 8.000 euros. "Ella y otra mucha gente probablemente nunca puedan terminar su tratamiento sin ayuda de la Administración", subraya Germani.

Por otro lado se situarían el 10 a 20% restante, donde el forense sí ha visto lesiones graves. En todos esos casos se está realizando una pieza separada que va al juzgado de instrucción del territorio donde se produjo el tratamiento. “Ahí se tendría que ir contra el odontólogo que realizó el tratamiento, pero teniendo en cuenta que a un mismo paciente le podían ver 15 o 20 dentistas, por lo tanto es muy complicado poder adjudicar la culpa a alguien”, incide. Era parte del modus operandi de las clínicas el no asignar un profesional al paciente, sino que cada uno de los dentistas realizara una única función.