Los responsables del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid se han negado - hasta la fecha - a identificar a los facultativos que atendieron al bebé de nueve meses que falleció el pasado febrero tras recibir una dosis de medicamentos 10 veces superior a la que le correspondía.

Desde finales de agosto, el hospital ha solicitado en dos ocasiones la identificación de estas personas al centro sanitario, que sí remitió en agosto la historia clínica del bebé, pero sin identificar a las personas que suministraron un gramo del fármaco en lugar de los 100 miligramos prescritos.

Según informa la Asociación Defensor del Paciente, que ejerce de abogado de los padres, el 29 de septiembre el juez ordenó por segunda vez esta identificación, sin que haya habido respuesta del centro.

Sin embargo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha recalcado el compromiso de "colaboración total" con la Justicia de su Departamento, así como del Servicio Madrileño de Salud y del propio Hospital Gregorio Marañón, en la investigación de la muerte del bebé. "Es un caso que está bajo la Justicia y en cualquier caso no sé si se ha producido el requerimiento que dice el abogado de la familia", ha dicho Ruiz Escudero, tras garantizar "colaboración total", en respuesta a la información publicada este miércoles por el diario 'El Mundo', que indica que el juez de Instrucción 10, que investiga el homicidio imprudente, se ha visto obligado a pedir por segunda vez al hospital que identifique al facultativo, al no hacerlo el centro tras la primera orden judicial. "En cualquier caso, va a haber colaboración total por parte de la Consejería porque siempre ha sido así", ha insistido Ruiz Escudero, quien ha destacado que el Gobierno regional lamenta "el triste suceso que fue el fallecimiento del bebé".

En opinión de Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’: “Esta es la constatación lamentable de lo que está sucediendo en los servicios sanitarios madrileños, a pesar de que se reconozca que ha existido una actuación negligente. No obstante, esperamos una Sentencia ejemplar contra la Comunidad de Madrid para que esto no siga sucediendo”.

El juzgado investiga este caso en el marco de las diligencias abiertas por un presunto delito de homicidio imprudente tras la denuncia de la familia que sostiene que la muerte fue provocada por la administración de un fármaco diez veces superior a la indicado de micofenolato mofetilo.

La historia clínica, a juicio de los denunciantes, describe "perfectamente este suceso que llevó a consecuencias fatales": isquemia intestinal, gastritis aguda con hemorragia y posterior fallecimiento.