El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso iDental, ha abierto juicio oral a la primera de las piezas separadas de la macrocausa de las cadenas dentales low cost, que ha dejado decenas de miles de afectados en toda España.

Esta primera pieza trata exclusivamente el fraude a la Seguridad Social y en el auto de apertura del juicio oral, al que ha tenido acceso El Independiente, se detalla el modus operandi mantenido desde 2015 y hasta finales de 2018 por todos los gestores de la compañía, que sistemáticamente eludieron y planificaron el impago de las obligaciones con la Seguridad Social por un valor que se cifra en más de 23,7 millones de euros.

El juez considera responsables de los delitos contra la Seguridad Social a los dueños de la compañía en sus dos etapas. Primero los fundadores, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blanco, y después los compradores de la compañía en octubre de 2017, Luis Sans Huescas y los hermanos Juan y José María Garrido. Además, los testaferros de esta segunda etapa, como cooperadores necesarios, José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano Calabuig.

A todos ellos les impone fianzas en concepto de responsabilidad pecuniaria (multas del Estado). Las mayores, de 30,12 millones de euros, son para Sans y los hermanos Garrido. Para González Sánchez es de 27,9 millones y para Bejarano, García Pellicer y Castañer de algo más de dos millones de euros cada uno. Hay que tener en cuenta que, al comprar la compañía en octubre de 2017, Sans y los Garrido asumen también las deudas pendientes de la primera etapa.

Adicionalmente y en concepto de responsabilidad civil, el juez estima en casi 30 millones la cuantía por la que tendrán que responder los siete acusados.

Por el perjuicio a la Seguridad Social, cifrado en 23,7 millones de euros, De la Mata hace responsables a todas las sociedades del entramado, que llegan a ser 55 en la primera etapa (la de Castañer y García Pellicer) y 21 en la segunda, así como dos sociedades en lo referente a Institutos Odontológicos, que también está incluida en la pieza. Además, otras 28 empresas son llamadas a responder de forma solidaria por hacer de "simple tapadera para procurar opacidad en la actividad delictiva de las personas individuales a las que se dirige en proceso penal".

En el auto, De la Mata explica cómo los impagos a la Seguridad Social se produjeron ya desde 2015, cuando la compañía estaba en plena expansión y llegó a crear 48 clínicas y 24 talleres en solo un año. En una artimaña para evitar los pagos de las deudas que ya habían contraído, García Pellicer y Castañer disolvieron en enero de 2017 24 sociedades (aunque el trabajo de todas ellas se mantuvo y se hizo un trasvase de los trabajadores, destaca el auto) y así evitar pagar las deudas pendientes, entre las que se encontraban las de la Seguridad Social.

El juez también relata el "ánimo defraudatorio" en la segunda etapa, en la que además los nuevos dueños aprovecharon los fondos de Institutos Odontológicos (que habían adquirido en 2015) para mantener la actividad.

El fraude a la Seguridad Social es solo una de las patas de la macroestafa articulada en torno a las clínicas dentales. Los delitos contra la Hacienda Pública están siendo investigados en el procedimiento y existen indicios, según fuentes cercanas al procedimiento, de que tampoco pagaron el impuesto de Sociedades.