Hace ya más de un año que las clínicas de iDental cerraron sus puertas definitivamente, dejando tras de sí a cientos de miles de afectados con tratamientos inacabados y deficientes. La gran mayoría tenía, además, contratado un crédito para fraccionar los pagos y que les vinculaba con una entidad financiera que, tras el cierre de la compañía, siguió reclamando los cobros mensuales.

Ahora, lo que se conoce de esta macroestafa que instruye la Audiencia Nacional sitúa ya a estas financieras como cooperadoras necesarias para el fraude piramidal. Porque el enriquecimiento de su cúpula se sustentaba en el pago del tratamiento íntegro a iDental por parte de las financieras, que generaba la obligación del pago en los pacientes aunque luego no pudieran terminar su tratamiento. En junio de 2018, la cantidad que se jugaban estas financieras se calculaba en 100 millones de euros.

Millones de euros que tras el cierre de las clínicas, los afectados dejaron de estar obligados a pagar. Así lo establece la ley de consumo y lo avisó el juez instructor del caso, José de la Mata, en febrero y lo reiteró el pasado septiembre. Un auto del 13 de ese mes volvía a ordenar el "cese inmediato" de las reclamaciones de deuda a los afectados.

Sin embargo, algunas de estas financieras siguen ignorando al juez y tanto en octubre como en noviembre de 2019 han vuelto a emitir recibos de cobro o llamadas de acoso a los afectados. Lo han hecho, al menos, Sabadell Consumer, EvoFinance (ahora Servicios Prescriptor y Medios de Pagos) y Link Finances, el fondo buitre al que EvoFinance vendió en julio deuda de la compañía.

Piden que se abra un procedimiento penal contra las financieras

Link Finances, además, efectúa continuas llamadas a afectados, tal como confirma Lucía Germani, portavoz de la Asociación de Consumidores Actora Consumo de Zaragoza, personada como acusación particular en el caso. "Son muchos los afectados que están recibiendo tanto llamadas como recibos de cobro pese al auto del juez. Yo le mando los recibos directamente a la Audiencia para que tenga constancia", asegura. Este periódico ha podido comprobar varios recibos fechados tanto en octubre como en noviembre que suponen un quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez de la Mata.

También la Asociación de Consumidores Facua ha reclamado al juez este asunto. "Le pedimos que abra un procedimiento penal contra las financieras por incumplimiento de las medidas cautelares y desobediencia al juez", afirma el portavoz de la entidad, Rubén Sánchez. "Nos preocupa que el juez no esté actuando con la diligencia necesaria para proteger a los afectados. Tras dos avisos, entendemos que las financieras están deliberadamente ignorando al juez porque saben que, aunque sea pequeño, un porcentaje de los afectados va a pagar".

Pagar, en ningún caso

Tanto desde Actora Consumo como desde Facua recuerdan a los afectados que reciban este tipo de avisos que no tienen que pagar. "Recomendamos a los afectados que, ante cualquier reclamación, acudan a la Agencia de Protección de Datos por si las financieras han pasado sus datos a empresas de recobro y, por otro lado, que lo remitan al juzgado para avisar al procedimiento", afirma Sánchez, algo que directamente está realizando Germani para los socios de Actora Consumo.

Además, "que los usuarios estén tranquilos porque las empresas no les van a demandar, saben que no tendrían nada que hacer y se les condenaría a pagar y en costas", concluye Sánchez.