La próxima semana se cumplen cuatro años del cierre de Funnydent y lo hacen con un nuevo episodio judicial del caso, el de la petición del fiscal del juzgado 4 de Navalcarnero de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. El fiscal subraya en su solicitud que la causa "no está apenas iniciada en su instrucción". Quedan 231 de los 234 informes médico forenses interesados por hacer. La causa tiene, no obstante, más de 46.000 folios en 93 tomos y otros 51 en el total de piezas separadas. El informe muestra falta de avances y esta inhibición es apenas un nuevo bandazo en los que ya ha dado el caso.

El jueves 28 de enero de 2016, las nueve clínicas dentales de Cristóbal López Vivar, situadas en Madrid y Barcelona, amanecían cerradas y con las cerraduras cambiadas. Los trabajadores no pudieron entrar y cerca de 2.500 afectados se quedaron colgados y con sus tratamientos inacabados en lo que fue el precedente - aunque de menor magnitud - del caso iDental. Muchos tenían tratamientos financiados y sin terminar de hasta 12.000 euros.

Su dueño no fue muy lejos. Le detuvieron al día siguiente y comenzó un proceso judicial lleno de bandazos. Primero, el de febrero de 2017, cuando el juzgado de instrucción de Navalcarnero dictó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que había dejado un agujero de 8,8 millones de euros. La jueza Teresa Álvarez dictó que no había existido irregularidad "penalmente reprochable" y limitaba la responsabilidad de López Vivar a "una mala gestión".

Los miles de afectados, que ya se habían constituido en plataformas de afectados, vivieron la sentencia con estupor e interpusieron recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la reapertura del caso en abril de 2018, ya más de dos años después del cierre. En aquel momento, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que "discrepaba" de las conclusiones del juzgado de primera instancia. Denunciaba que el informe de la anterior resolución era "de apenas folio y medio" y que la Administración Judicial no había tenido "acceso a toda la información contable y financiera" de López Vivar. Señalaba también la Audiencia que "no deja de resultar curioso» que López Vivar denunciara en la Guardia Civil de Navalcarnero, 11 días antes del «cierre abrupto», el robo de material informático que contenía los servidores y programas contables.

Giro de guión

El empresario de Navalcarnero - quien por cierto se anunciaba en Linkedin en febrero de 2018 para tratar de abrirse paso de nuevo en el negocio dental - se puso el año pasado en manos de abogados para denunciar por "mala gestión y dilapidación de su patrimonio" a los administradores concursales que se habían hecho cargo del negocio en el procedimiento judicial.

La plataforma de afectados de Alcorcón, a quién defiende el despacho Durán y Durán y que aún mantiene un centenar de denuncias sin resolver, aceptó que estos abogados defendieran también al presunto estafador, Cristóbal López Vivar, con una condición: que el dinero que él pueda recuperar vaya primero destinado a cubrir las demandas económicas de los afectados.

El fiscal se inhibe - otra vez

En el escrito que ahora ha realizado el fiscal Francisco Javier P. Rodríguez fechado el 23 de diciembre de 2019, solicita su inhibición a la Audiencia Nacional otra vez. Lo hace porque reconoce que aunque la Audiencia Nacional ya rechazó hacerlo en febrero de 2016, afirma que en aquel momento no había constancia de la "cuantía del perjuicio ni en qué medida habrá pacientes perjudicados ni la necesidad de especiales informes periciales" y considera que más de tres años y medio después "los argumentos mantenidos por la Audiencia Nacional no pueden seguir manteniéndose".