El pasado jueves saltaba la polémica. Los test rápidos comprados por España a una empresa china no funcionaban y la embajada del país asiático en nuestro país aseguraba que el ministerio los había comprado a una empresa sin licencia.

Desde Sanidad aseguraron que se trataba de un lote de 9.000 pruebas, aunque al final se llegaron a devolver más de 650.000 test. Este sábado, en la comparecencia del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, la directora general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, ha respondido con evasivas a la cuestión que el diario ABC le ha realizado sobre este tema.

"Otros países que compraron a esa empresa al ver que fallaron en España han cancelado los pedidos. ¿Por qué han vuelto a confiar en la misma empresa? ¿Cuánto costaron?", le han preguntado desde este periódico. "Todos los pedidos se realizan a empresas y si no llegamos, a distribuidores o intermediarios que nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin para adquirir cualquier protocolo para hacer frente al Covid-19 y estas empresas pueden ser bien nacionales o bien chinas o de otros países europeos", ha contestado Lacruz sin responder en ningún momento al porqué han continuado adquiriendo este test a la misma empresa ni el coste de esos 650.000 kits.

El Ejecutivo había adquirido 650.000 kits de estas pruebas rápidas fabricadas por la empresa china Bioeasy, que tienen una sensibilidad del 30%, cuando debería ser superior al 80%, por lo que cuando la prueba rápida diese negativo no sería del todo posible saber si es un verdadero negativo o un falso negativo, por lo que el paciente podría estar en realidad contagiado y se le debería hacer una segunda prueba para corroborar el resultado.

Sanidad hizo hincapié en que los pedidos realizados a esta empresa no forman parte de los cinco millones de test comprometidos con fabricantes autorizados por China, y que comenzarán a llegar en las próximas semanas. «En un contexto internacional en que todo el mundo quiere adquirir, España no va a perder ninguna oportunidad pero va a ser exigente con la calidad», defendió el ministro Illa tras el enorme fiasco de esta adquisición.