Los dentistas se sienten estrangulados por el Gobierno en esta crisis del coronavirus. El Consejo General de Dentistas, que aúna a los colegios profesionales de toda España, ha lanzado un mensaje de alarma: "Los dentistas están abocados a la quiebra si el Gobierno no decreta el cierre de las clínicas".

El presidente de la patronal, Óscar Castro, explica a El Independiente que el mantenimiento del sector dental como actividad esencial, tras entrar hoy en vigor el cierre de todas las demás, obliga a los dentistas de España, "muchos de ellos autónomos con algún empleado", a mantener abiertas las clínicas pese a carecer del material de protección mínimo para ejercer la actividad con seguridad y pese a que las personas "no van a salir ya de casa a no ser que sea una urgencia".

Si los dentistas carecen de mascarillas y los materiales de protección individual, es en muchos casos porque atendieron a la petición de donaciones que realizó el Gobierno: "El Gobierno nos pidió que donásemos las mascarillas y material que tuviésemos y así lo hicimos, pero ahora nos obliga a seguir abriendo", denuncia Castro.

"Las clínicas tienen que mantenerse abiertas, pagar las nóminas, seguros sociales o impuestos pese a no tener prácticamente actividad", indica Castro, por eso "exigimos que se cierren por decreto las clínicas dentales". Es una petición que, asegura el presidente del Consejo General de Dentistas, ya ha reiterado en dos ocasiones por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sin que hayan recibido respuesta.

Castro afirma que la carencia de equipos de protección está dejando a los odontólogos ante la necesidad de fabricar sus propios equipos (como también están teniendo que hacer muchos otros sanitarios en España) para realizar su labor con seguridad. "Nosotros utilizamos mucho las turbinas y otras herramientas que generan aerosoles y un alto peligro de contagio", afirma el odontólogo.

Por todo ello, los dentistas piden al Gobierno que decrete el cierre de las clínicas dentales y establezca unos "servicios mínimos" a través del mantenimiento de determinadas clínicas habilitadas para urgencias. Consideran que así, con medidas que faciliten los ERTE y las exenciones fiscales, es la única manera de evitar que la gestión del Gobierno lleve "a la ruina" a un porcentaje de las 300.000 personas que dependen directamente del sector en España.