"Si en la institución se ha detectado más de un caso con síntomas compatibles de COVID-19 no será necesario obtener un resultado positivo en todos los casos sospechosos. En caso de obtener al menos una prueba positiva, el resultado se considerará confirmatorio de infección por SARS-CoV-2, considerándose que existe un brote". La guía de uso de test rápidos publicada por Sanidad el pasado 7 de abril se refiere así a su utilización en residencias de ancianos: un único resultado positivo para convertir en confirmados a todos los mayores con síntomas. Estos centros son, junto con el ámbito hospitalario y las cárceles, los lugares donde está indicado el uso prioritario, de momento, de este tipo de test.

Así, la guía simplifica así el aislamiento conjunto de todos los ancianos con síntomas y, al resto, los considera contactos estrechos que deben quedar en cuarentena. Las residencias de ancianos son ahora, además, los principales focos de contagio junto a los hogares según Sanidad.

Esta fórmula diseñada por Sanidad para abordar los contagios en residencias a través de los test rápidos es cuestionada por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, en principio, por el propio uso de este tipo de pruebas. Su vicepresidenta, Marta Reig, considera que "la principal desventaja del test rápido es que es muy poco sensible en los primeros días de enfermedad que es precisamente cuando el paciente es más contagioso. Por tanto, supone un riesgo para el propio paciente y para el resto de residentes esperar a llevar 'varios días desde el inicio de síntomas' para dar un diagnóstico y tomar medidas".

Y es que los test rápidos, como se reconoce en la propia guía, tienen una fiabilidad del 64% en general y un 80% a partir de los siete días de evolución, un período que supera la duración total de la evolución de la enfermedad en algunos pacientes, especialmente los mayores que no llegan a las UCIS.

Para el médico y ex presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, la reducción del uso de test a un único anciano sintomático para la confirmación del resto de residentes con síntomas carece de justificación. "Desde el punto de vista clínico, supone eliminar el derecho de las personas a ser diagnosticadas, se mezclan los claros positivos con los probables, que quedan sí o sí convertidos en positivos aunque no lo sean, pues es habitual en las residencias que haya catarros o reagudización de otros procesos de fondo. Es declararlos enfermos por vivir donde viven y, siendo una residencia, eso supone ofrecerles básicamente con tratamientos compasivos y para de contar", indica López Trigo.

Igualmente cuestionable le parece el protocolo a Salvador Casado, médico de familia con tres residencias de ancianos de Madrid bajo su rango de actuación. "La semana pasada atendimos a una paciente mayor por deterioro leve generalizado sin claros síntomas respiratorios que terminó en hospital con diagnóstico de descompensación cardíaca. El test COVID-19 fue negativo, pese a que el 30% del resto de residentes con los que convive ha fallecido por esta causa". Casado cree necesario la realización del test tanto a la totalidad de los ancianos como de los trabajadores.

López Trigo se refiere, además, al informe del Comité de Bioética - dependiente del Ministerio de Sanidad, que el pasado 26 de marzo sostenía que la discapacidad no puede ser un factor de discriminación para el tratamiento sanitario. López Trigo, junto con medio centenar de profesionales sanitarios, del derecho y el sector social han enviado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situación en las residencias de ancianos. "Las Instrucciones ponen en grave riesgo a estos residentes, que al recluirse en la misma área de la residencia que los efectivamente enfermos de COVID- 19, se exponen a un más que probable contagio, que, con toda seguridad, dada la edad avanzada del paciente, acarreará riesgos vitales y muy probablemente la muerte", recogen en su queja, presentada la semana pasada y en la que solicitan, al menos, que el Gobierno andaluz (al que emiten la queja) convoque de urgencia al Comité de Bioética de Andalucía para que "emita dictamen sobre la oportunidad de agrupar pacientes confirmados y sintomáticos en un mismo sector en las residencias de personas mayores tal como establece las instrucciones de la Dirección General de Servicios Sociosanitarios".

En la misma línea, Reig incide en que "hay que aislar a los residentes con clínica sospechosa sin confirmación diagnóstica pero no con los residentes confirmados. Sólo puede aislarse en una misma zona a los residentes confirmados. El resto, aunque tengan clínica, deberían estar en un espacio individual hasta que se confirme o descarte la sospecha". Por ello, para la portavoz de SEMEG los test indicados en residencias deberían ser las pruebas PCR y que figura en el procedimiento de actuación de Sanidad del 31 de marzo. "Nos parece mucho más acertado realizar precozmente la PCR (más sensible en estadio inicial de la enfermedad) a aquellos usuarios de residencias que presenten síntomas respiratorios, de cara a poder tomar las medidas de forma más temprana y minimizar las consecuencias. En cualquier caso, la alternativa de los test rápidos puede ser útil si no existe disponibilidad de PCR, pero probablemente lleguemos tarde", concluye Reig. 

Coincide en la petición de las PCR el Círculo de Atención a las Personas (CEAPS), la mayor patronal de residencias, en la petición de tests de detección. "A 13 de abril aún no han empezado a realizarse los tests en las residencias, tiene que empezar de forma urgente la realización de pruebas PCR; no de test rápidos", reivindica Cinta Pascual, presidenta de CEAPS, que también está en contra de la declaración de brote tras el primer positivo: "Estamos en contra, no se puede considerar positivos a todos los que tengan síntomas igual que no se puede creer que los que no tengan síntomas no lo sean. Estamos en contra de que no se realicen test individuales".

López Trigo añade, además, una dimensión legal al asunto, como también han planteado al Defensor del Pueblo Andaluz: "El Ministerio está tomando decisiones sobre qué hacer con los mayores sin contar con sus representantes legales ni tener en cuenta si la persona es capaz. No por el Estado de Alarma se pueden vulnerar los derechos fundamentales". "Hace falta sensatez, no desubicar a una persona mayor con una situación de partida complicada pero lo que no se puede hacer es quitar la posibilidad a quien se encuentre bien", concluye el geriatra.