Familiares de una mujer que murió por coronavirus ha presentado este viernes una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por el delito de homicidio imprudente al considerarle responsable de al menos 27.000 muertes por coronavirus en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias". Asimismo, los querellantes solicitan como medida cautelar la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Madrid Arena para justificar el delito de homicidio imprudente. Según recuerda el escrito presentado en los juzgados de instrucción de Madrid, el alto tribunal revocó la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid respecto de un vigilante que, "viendo aplastada a una asistente, no le hizo la reanimación, llegando con posterioridad una ambulancia que sí se la hizo, falleciendo la misma".

Acusan a Simón de comunicar "públicamente una serie de directrices erróneas contradictorias, haciendo creer a todo la población que el impacto del covid-19 en nuestro país sería mínimo"

El escrito señala que los fundamentos jurídicos de esta sentencia describe la doctrina del "incremento del riesgo", que según los querellantes se puede aplicar a la "conducta" de Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha ofrecido diariamente durante la crisis sanitaria una rueda de prensa para comunicar la evolución de la pandemia por coronavirus.

La querella -a la que se adherirán otros, según advierte- asegura que Simón "ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas contradictorias, haciendo creer a todo la población que el impacto del covid-19 en nuestro país sería mínimo".

"Dichas directrices han sido fatales pues provocaron que, de forma generalizada, se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud, condenando a millones de personas al desempleo o precariedad laboral, convirtiendo a España en uno de los países del planeta con mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes a consecuencia de la infección por Covid-19", añade la querella.