La crisis del coronavirus en las residencias de mayores ha dejado imágenes tristemente inolvidables. El número escrito a rotulador en el dorso de la mano de una anciana para identificarla, las bolsas de basura llenas de enseres acumuladas en un rincón o el Ejército entrando a dar auxilio en las residencias forman parte de la cara más cruda del Covid-19, que ha encontrado en los centros donde se concentraba la población más vulnerable un perfecto entorno de expansión.

Sin que Sanidad haya ofrecido información oficial, todo apunta a que las residencias han sido el principal foco de mortalidad en España y muchas dudas se ciernen sobre la gestión, también desde un punto de vista ético. Salomé Martín, la geriatra que coordina el grupo de Ética y Legalidad en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), cree que el mayor problema ético fue "no priorizar las residencias". "Los mayores que vivían en ellas estuvieron en tierra de nadie mientras se ponía el foco en hospitales y, en menor medida, centros de atención primaria. Cuando llegaron en muchos lugares era tarde porque el virus llevaba tiempo circulando".

Martín no da tanta importancia a las cifras - "será muy difícil conocerlas" - como al problema del sesgo de la información. "Por un lado ha faltado información oficial y por otro en ocasiones se han conocido hechos puntuales que se generalizaban, creando una alarma y un morbo exagerados", ha incidido.

La portavoz de la SEGG pone en cuestión el sistema de sectorización que se estableció en los centros para clasificar a personas con o sin síntomas de casos confirmados, especialmente cuando al principio no había tests para confirmarlo. "Se hacía en función de síntomas aunque es verdad que las personas mayores tienen habitualmente tos y curiosamente se ha visto que hay mayores asintomáticos", explica, "pero la pregunta realmente es, ¿tenemos recursos para cuidar a los mayores? Si todas las habitaciones son dobles y está llena, la posibilidad de aislar es cero".

Martín reconoce que las situaciones que han salido a la luz - como la identificación con números o la anciana que estuvo horas compartiendo habitación con el cadáver de una compañera - "deben salir a la luz porque no pueden repetirse" pero tampoco deben servir para "arrasar contra los profesionales y gente que se han dejado la piel en las residencias. Han faltado recursos, personal, en ocasiones ha enfermado hasta la dirección del centro, no había trabajadores para cubrir las bajas porque la prioridad estaba en los hospitales".

Más grave, como una "aberración absoluta" califica Martín la toma de decisiones sobre "si alguien puede ir o no a un hospital en función de su edad o dónde viva". La geriatra cree que no se ha tenido en cuenta que "los ciudadanos que viven en residencias dependen del Sistema Nacional de Salud, como todo el resto de ciudadanos, independientemente de donde se viva. No se ha priorizado al más débil y esto a nivel de ética hay que reflexionarlo".

Martín cree que la sociedad ha sido "muy edadista". "Todos estábamos muy tranquilos al principio cuando se hablaba de las primeras muertes que afectaban a personas mayores. Eran personas". Personas sobre las que, además, se han tomado decisiones de forma generalizada y sin respetar su voluntad, aunque la tuvieran: "Les hemos hecho test a todos sin pedirles permiso. Quizá alguno no quería que su familia estuviese angustiada y no deseaba dar a conocer los resultados de las pruebas sanitarias, pero no lo sabemos porque no hemos preguntado".

El hermetismo de las residencias desde el 8 de marzo ha provocado muchos problemas de comunicación de los residentes con sus familiares, que en algunos casos se han enterado del fallecimiento de sus mayores prácticamente sin conocer que estuvieran enfermos. Martín cree que se ha vulnerado un derecho fundamental: "Todos tenemos derecho a saber de nuestros familiares independientemente de donde vivan. Y hay que ser transparentes, informar no solo del estado sino de si está aislado, cómo va la enfermedad".

Miles de mayores han muerto en soledad y sin poder despedirse de sus familiares. "Desde el punto de vista ético ha faltado también dar la oportunidad de, si se prevía un fallecimiento, que al menos a un familiar pudiera despedirse. Dar el derecho al familiar de ponerse en riesgo, si esa era su decisión, facilitársela", lamenta.

Tratar de frenar la entrada de la epidemia ha provocado que "en las residencias haya prevalecido la supervivencia sobre la dignidad", lamenta Martín, que afirma que "las personas mayores lo han pasado mal. Se ha sobreprotegido su salud física sobre la salud global, que puede ser más importante. Ha primado la supervivencia por encima de la vida".

Desde la SEGG ya están trabajando en un documento de propuestas para un cambio de modelo en las residencias de mayores. "No sabemos si llegarán más casos de esta o si habrá otra pandemia. Pero esta epidemia ha puesto de manifiesto las carencias del sistema y hay muchas cuestiones sobre las que reflexionar que no deben caer en el olvido", concluye.