Los psicólogos clínicos - a través de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), principal sociedad científica del sector con más de 1.300 profesionales - prevén un importante aumento de la demanda de la atención a la salud mental tras la epidemia de COVID-19. Tanto de los pacientes como de los propios profesionales sanitarios, ya que creen que entre el 5 y el 15% de ellos necesitarán algún tipo de tratamiento.

Por ello, demandan un refuerzo de la Salud Mental en España en el ámbito de la Atención Primaria y la Salud Mental Comunitaria especializada. Y ponen el foco en estos dos ámbitos porque son los que se quedan con el 90% de los tratamientos que llegan a Atención Primaria. Por otro lado, alrededor de la mitad (entre 40 y 60%) de las consultas que llegan a primaria están relacionadas con la salud mental.

Una preparación que ha de tener en cuenta el coste que suponen. Pues estiman que los trastornos mentales cuestan al erario público unos 46.000 millones de euros al año, que con el incremento podrían ser hasta 9.000 millones más.

"La llegada de la pandemia ha puesto a prueba las limitaciones y carencias del Sistema Nacional de Salud en materia de Salud Mental. Ante la previsión de un importante repunte del sufrimiento humano, de las dificultades socio-económicas, de los problemas de ansiedad, depresión, estrés y el riesgo de un incremento de suicidios, ANPIR demanda el refuerzo de la atención profesional en salud mental dentro de la Atención Primaria para contribuir a paliar esta situación y con el objetivo final de abordar este tipo de cuestiones desde un inicio temprano del mismo y una identificación precoz de la mano del médico de familia", explican en un comunicado.

Desde ANPIR se solicita también reforzar la atención psicológica en los dispositivos de Salud Mental junto con la dirigida a apoyar a personas con problemas generales de salud. Asimismo, solicita encarecidamente estrategias nacionales globales, coordinadas con las Comunidades Autónomas, para establecer un programa marco de abordaje del riesgo de incremento de la conducta suicida.

Sólo el 10% se deriva a Unidades especializadas

Sólo en el 10% de las consultas de salud mental en primaria fueron derivados a las Unidades de Salud Mental especializadas, pese a que la Organización Mundial de la Salud y las mejores sociedades científicas y sanitarias internacionales establecen que el tratamiento psicológico es el tratamiento de elección más efectivo.

En el caso español, nuestro país se encuentra a la cabeza en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, dada la ausencia de acceso efectivo a tratamiento psicológico. Los psicólogos clínicos apuntan a que el abordaje exclusivamente psicofarmacológico promueve la cronicidad a largo plazo y que el tratamiento psicológico es coste-efectivo y recupera 4 veces su inversión inicial en términos de rentabilidad. Invertir en psicología clínica se ha demostrado que permite una recuperación más temprana de los pacientes, previene cronificaciones y reduce el gasto farmacéutico. “El tratamiento psicológico es la mejor opción no solo desde una perspectiva de salud mental sino también desde una perspectiva económica y de coste-efectividad”, señala Félix Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR).

Esta es una demanda que desde ANPIR ya se trabaja antes de la llegada de la COVID-19, ya que España es uno de los países europeos con un menor número de psicólogos clínicos por habitante, con 6 de estos profesionales por cada 100.000 habitantes, por debajo de las mejores recomendaciones europeas y mundiales.

“Proponemos un modelo donde el psicólogo clínico colabore de forma integrada en el equipo de Atención Primaria para limitar los procesos de medicalización o psicopatologización de la vida cotidiana y la paulatina recuperación”, explica Inchausti.

“Desde la Asociación, fomentamos la atención psicológica especializada en la sanidad pública como un derecho básico del ciudadano. Por eso, solicitamos un incremento del número de psicólogos clínicos para permitir una atención solvente, no sólo porque ya éramos necesarios sino porque, tras la pandemia, lo seremos aún más”, señala el presidente de ANPIR.

La salud pública en España se enfrenta a un nuevo desafío

Entre el 5% y el 15% del personal sanitario va a necesitar ayuda por trastornos de estrés postraumático como consecuencia de la situación que han vivido, lo que supone un serio desafío para el sistema sanitario actual.

En este sentido, los psicólogos clínicos han desarrollado y coordinado programas específicos de atención psicológica para pacientes y familiares con COVID-19 y personal sanitario de primera línea de intervención dentro del Sistema Nacional de Salud que han contado, en muchos casos, con más vocación de servicio que con recursos disponibles. Por ello, “consideramos que se debe dotar de carácter estructural estos programas con financiación adecuada y la incorporación de los psicólogos clínicos que sean precisos. De hecho, completan ahora su residencia PIR más de 130 nuevos especialistas que deberían permanecer en el sistema para aportar su capacidad de trabajo”, explica Félix Inchausti.

A estos datos hay que sumar que se necesitará un mínimo de 2 años de trabajo, en términos de salud mental, para aproximarse a una normalización de la situación. Por ello, asegura Inchausti que “es necesario establecer cuanto antes un programa nacional coordinado, que incremente los recursos especializados en la sanidad pública y que promueva la contratación de psicólogos clínicos especialistas para desempeñar proyectos efectivos destinados a prevenir las consecuencias psicológicas del COVID-19”.