Los recuentos realizados a partir de las distintas comunidades autónomas se acercan a los 20.000 pero el Ministerio de Sanidad evita una y otra vez dar los datos oficiales de las personas que han fallecido en las residencias de ancianos durante la epidemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este viernes tras el Consejo de Ministros que están analizando los datos y que han vuelto a "pedir más información" a las comunidades autónomas y que la darán "cuando esté analizada".

Una afirmación que el ministro reitera una y otra vez desde hace dos meses, después de que a través de una orden de principios de abril obligaba a las regiones a aportar dos veces por semana "toda la información" de las residencias (más de 5.000 en nuestro país), relacionada con el número de contagios, casos sospechosos, confirmados y otros datos para evaluar la situación en estos centros, que han sido epicentro de la mortalidad.

Desde el 17 de abril, Sanidad confirmó haber recibido la información pero no ha hecho público ningún dato y la de hoy ha sido la segunda ocasión en que Illa ha afirmado que su departamento ha pedido "información adicional" a las comunidades autónomas.

Illa también ha defendido hoy que los datos del Gobierno sobre la evolución de la epidemia "son fiables" pese a que desde hace varios días no coinciden con los que aportan las comunidades, especialmente por número de fallecidos.

"Desde el 11 de mayo hemos adaptado la información a la nueva etapa de la epidemia", ha incidido Illa, y ha añadido que "se está revisando caso a caso" para comprobar que las cifras de los fallecidos son correctas a lo largo de toda la epidemia.

No obstante y aunque Simón anunció que los datos se regularizarían semanalmente, Illa ha afirmado que la cifra ajustada de fallecimientos la darán a conocer cuando esté "completada con información homogénea de todas las comunidades autónomas".

Sobre las grandes diferencias entre las cifras oficiales de fallecidos oficiales por la epidemia (27.128) con las cifras de exceso de mortalidad ofrecidas por el Sistema de Vigilancia de Mortalidad (MoMo), el INE e incluso las funerarias, Illa ha asegurado que "es el propio Gobierno es el que proporciona los datos de exceso de mortalidad respecto a años anteriores" y que "el exceso de mortalidad no significa que todo sea atribuible a la COVID-19". Ha insistido Illa en que el Gobierno "computa a toda persona fallecida con un diagnóstico positivo de COVID-19, también en las residencias de ancianos".