La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive todas las querellas (20) presentadas contra miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus.

En un informe de 300 páginas, el teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, ha solicitado a la Sala Segunda el archivo de las querellas contra el presidente y los ministros interpuestas por presuntos delitos de prevaricación administrativa como omisión del deber de garantizar la salud pública, por homicidio imprudente, lesiones, y otros delitos. En definitiva, como recoge el escrito del fiscal, por una supuesta falta de diligencia de los querellados en relación con la instauración de medidas idóneas para prevenir y paliar los efectos de la COVID-19.

En el extenso escrito, el fiscal rechaza cualquier mala fe por parte de los responsables políticos y sanitarios y llega a valorar de "absurdo" el querer atribuirles una conducta negligente: "En definitiva, resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Resultando aún más absurdo, si cabe, pensar que no sólo la
totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron
negligentes en la gestión de la crisis del COVID-19, sino también las
administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al
resto de países de nuestro entorno cultural", expone el representante del Ministerio Público.

Las querellas presentadas ante el Supremo procedieron de distintas asociaciones, partidos políticos y particulares. Entre otros, el partido político VOX, la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, además de un colectivo de 3.268 personas, familiares de víctimas del coronavirus.

Fuentes fiscales han explicado que cada una de las querellas se ha estudiado de manera individual y pormenorizada y se ha llegado a la conclusión de que procede solicitar la inadmisión de todas ellas. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no intervino en ninguna valoración, según trasladan fuentes fiscales, por su anterior vinculación con el Ejecutivo de Sánchez como ministra y tampoco "resulta competente para la elaboración del informe la la Junta de Fiscales de Sala", explicaron en una nota de prensa este lunes desde el Ministerio Público.

Compara con las comunidades autónomas

El fiscal también traslada en el informe, para rechazar que el Gobierno actuara de mala fe, que las comunidades autónomas tampoco instauraron medidas distintas de "tutela de la salud pública como el cierre de los transportes públicos, de los centros públicos, eventos deportivos, actos religiosos, etc" a pesar de que también disponían de la misma información internacional sobre la pandemia.

"Al objeto de analizar el grado de diligencia empleado por los querellados en la gestión de la crisis sanitaria resulta revelador, cuanto menos en nuestra opinión, que las distintas administraciones autonómicas, a pesar de contar todas ellas con idéntica información que el Gobierno de España -pues las distintas recomendaciones internacionales a que se alude por el querellante eran públicas y además habían sido analizadas en las conferencias coordinadas por el Ministerio de Sanidad- no instauraran medidas de tutela de la salud pública tales como el cierre de los transportes públicos, de los centros públicos, eventos deportivos, actos religiosos, etc. Y lo mismo puede decirse del resto de países de nuestro
entorno cultural, en los que con carácter general se siguieron celebrando eventos multitudinarios", exponen.

En la elaboración del informe participaron la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado bajo la dirección del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo; el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos; la Fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce y la Unidad especializada de Siniestralidad laboral, informaron desde el Ministerio Público. Los fiscales rechazaron de inicio abordar las querellas que no se presentaran contra aforados, pues la competencia de investigación no sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.