La decisión de la Comunidad de Madrid de decretar confinamientos selectivos para frenar la expansión del coronavirus ha dado proyección a una medida que han adoptado previamente los gobiernos de 11 comunidades autónomas y que ha afectado desde el final del estado de alarma a casi 40 municipios.

Una vez que las autoridades sanitarias autonómicas constataban que los brotes de covid estaban dando paso a una transmisión comunitaria, han ido decidiendo estos confinamientos perimetrales de, en la mayoría de los casos, quince días de duración, los que dura una cuarentena.

Pese a que las localidades que han sido aisladas desde el verano superan la cuarentena, la población más numerosa que se verá afectada por estos confinamientos será la de Madrid: 858.193 personas de las 37 zonas de salud sobre las que se ha adoptado esta medida.

El confinamiento limita los desplazamientos fuera o hacia una zona geográfica concreta, que puede ser un edificio, una urbanización, un municipio o, como en Madrid, una zona básica de salud.

La medida permite la circulación de los residentes dentro del núcleo urbano afectado siempre que se respeten las medidas de prevención de contagios, aunque añade una recomendación a los vecinos para que permanezcan en sus domicilios, informa la agencia Efe.

Esta restricción de movimientos decidida por las comunidades ha venido acompañada de otras medidas, como la prohibición de reuniones de más de seis personas (en Madrid), limitaciones horarias para tiendas, bares o restaurantes, así como reducciones de aforo en establecimientos públicos y cierre de parques y jardines.

La mayoría de los confinamientos ordenados por los gobiernos autonómicos con ratificación judicial tienen una duración de 14 ó 15 días, el tiempo decretado para las cuarentenas

La primera comunidad en decretar un confinamiento perimetral fue Cataluña, el 4 de julio, en la comarca del Segrià, incluida su capital, Lleida, para atajar los brotes surgidos entre temporeros llegados para la recogida de la fruta.

Al día siguiente era la Xunta de Galicia la que ordenaba el cierre de los accesos a la comarca de A Mariña, en Lugo. Cinco días después, ordenó el confinamiento de Burela, en tanto que los vecinos de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo solo podían desplazarse entre dichos municipios.

En Castilla y León, el primer confinamiento, ratificado el 16 julio por un juzgado, afectó a diez viviendas del barrio de las Delicias de Valladolid.

Este confinamiento selectivo fue total, sin posibilidad de movilidad, y se produjo después de que la administración comprobara que una veintena de afectados estaban incumpliendo el aislamiento.

Son varias las localidades castellanoleonesas que han tenido que cerrar sus perímetros para tratar de frenar la alta incidencia del coronavirus, como las vallisoletanas de Íscar -6.300 habitantes- y Pedrajas de San Esteban -3.300-, que acaban de volver a ser confinadas.

Además, Cantalejo y Carrascal del Río, ambas en Segovia, y Sotillo de la Ribera (Burgos), de unos 500 vecinos, y Pesquera de Duero (Valladolid), de unos 450. El confinamiento de esta última está aún pendiente de ratificación por el juez.

Sin embargo, el mayor confinamiento de población en esta comunidad se produjo el 7 de agosto, con el aislamiento de los cerca de 32.000 habitantes del municipio burgalés de Aranda de Duero.

La mayoría de los confinamientos ordenados por los gobiernos autonómicos con ratificación judicial tienen una duración de 14 ó 15 días, el tiempo decretado para las cuarentenas.

Son, por ejemplo, los que permanecieron aislados los vecinos de las localidades castellanomanchegas de Villamalea (Albacete), confinada el 20 de agosto, o Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), del 3 al 17 de septiembre.

También Extremadura decretó el 8 de agosto el aislamiento de Villarta de los Montes (Badajoz), una localidad de poco más de 400 habitantes y perteneciente a la comarca de la Siberia Extremeña.

La Generalitat Valenciana ordenó el 31 de agosto el confinamiento de Benigánim, y, dos días después, el Gobierno de Cantabria decidía el aislamiento de Santoña.

El 11 de septiembre, Cantabria decretó asimismo el confinamiento parcial del barrio La Inmobiliaria (unos 6.500 vecinos) de Torrelavega, por un brote originado en un bautizo.

En Baleares, el Govern dispuso desde el 11 de septiembre confinamientos en cuatro barrios de Palma -Son Gotleu, la Soledad Norte, Can Capes y parte de Son Canals- y, a partir de este viernes, en la zona de la avenida de Arquitecto Bennàssar. Asimismo, hay medidas restrictivas en la zona del Eixample de Ibiza y el centro del casco urbano de Sant Antoni.

El 11 de septiembre se decidió el confinamiento de cuatro barrios de Palma, al que se ha unido otro más desde este viernes

También Aragón ha decidido mantener el confinamiento perimetral del municipio turolense de Andorra por el ascenso sostenido de los casos positivos, una situación que afecta también a Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Murcia ordenó el 24 de julio el regreso de Totana (32.000 habitantes) a la fase 1 de la desescalada, lo que supuso la limitación de las entradas y salidas del municipio.

En esta comunidad siguen con restricciones de la movilidad las poblaciones de Jumilla y la pedanía de Archivel, en Caravaca, así como el casco urbano de Lorca (60.000 habitantes), que retrocedió el 15 de septiembre a fase 1 flexibilizada.

Por último, el 7 de septiembre el Gobierno de La Rioja acordó restringir durante siete días la movilidad en Alfaro, municipio que en ese momento tenía 264 casos activos de covid, el 27,5 % del total de contagios de la comunidad autónoma.