La Xunta de Galicia blindará por ley sus competencias para dictar confinamientos, restricciones sociales y multará económicamente a quien se niegue a someterse a una prueba diagnóstica PCR, siempre que haya sido prescrito por las autoridades sanitarias. Las sanciones serán de hasta 3.000 euros en los casos leves, pero con agravantes de poner en riesgo la salud de otros la cuantía podría llegar hasta los 600.000 euros.

El proyecto de modificación de la Ley de Salud actual de la comunidad autónoma se ha presentado este jueves por la administración de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. El PPdeG anunció el pasado 29 de octubre esta iniciativa para ejecutar estas acciones administrativas y legislativas sin necesidad de recurrir al Gobierno central.

Esta nueva Ley de Salud del PP, que en Galicia cuenta con mayoría absoluta, incluirá un apartado con infracciones leves destinado específicamente a dar cobertura legal a los castigos para quienes incumplan las medidas de lucha contra la pandemia. Uno de los aspectos establece la obligatoriedad bajo pena económica de vacunarse tras haber recibido dicha orden por las autoridades sanitarias. Será por tanto falta leve una "negativa injustificada".

También afectará a la libertad de movimiento

Para controlar la situación actual del Covid-19 en esta comunidad autónoma, la Xunta también establece la obligación de someterse a reconocimientos médicos o pruebas diagnósticas bajo orden del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). En caso de que alguien tenga que realizarse una PCR y se niegue, será multado con hasta 3.000 euros, y en caso de agravante, con hasta 600.000.

Este mismo sistema de sanciones se aplicará a quienes se salten las limitaciones de libertad ambulatoria o de circulación, los miembros de una reunión que no cumpla los límites de integrantes o distancia social o a los que acudan a una fiesta contraria a las normas. Además, también afectará a quienes vulneren las normas de distancia social o medidas de seguridad en el trabajo, espacios públicos o privados.

En último lugar, esta ley pretende acabar con el botellón ya que vetará el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública con multas de hasta 3.000 euros. También se multará a los establecimientos que incumplan los horarios de apertura o cierre durante la crisis sanitaria. Superar el aforo también será motivo de sanción con hasta 3.000 euros, así como respetar la distancia de seguridad entre las mesas y las personas de una terraza. El circular sin mascarilla, o llevarla de forma incorrecta, será castigado con 100 euros.